Los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística dibujan un panorama ciertamente preocupante. Las cifras del aumento de los índices de pobreza son apabullantes y, en algún caso, se utilizan registros que corresponden al nivel de renta de 2019, con lo cual el escenario futuro aún puede empeorar, y más si se tiene en cuenta que el estado del sector turístico y de servicios, afectado por las medidas de prevención sanitaria a nivel europeo, puede incidir gravemente en la recuperación económica que se atisbaba antes de la irrupción de la quinta ola de la pandemia.

 La tasa de pobreza severa en Aragón bajó en 2020 hasta el 1,7% de la población, unas 22.600 personas. El porcentaje es el más bajo de todas las comunidades autónomas y desciende algo más de medio punto respecto al 2,3% (unas 30.300 personas) registrado en 2019. De esta manera, 7.700 ciudadanos han dejado de pertenecer al colectivo con una situación de extrema necesidad. Aragón es la única comunidad que ha conseguido reducir el indicador de pobreza, junto con Castilla-La Mancha. Este comportamiento contrasta con lo ocurrido en el conjunto de España, donde sí se han disparado las dificultades en los hogares. La tasa se ha situado en el 7% a nivel nacional (cuatro veces más que en nuestra comunidad), muy por encima del 4,7% del año previo, tras un repunte del 50%. Además, la población global en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado el último año, en 1,1 puntos. Son datos que nos retrotraen a la peor época de la reciente crisis inmobiliaria, con una precariedad altísima y una enorme brecha económica: el 20% de los más ricos tienen seis veces más dinero que el 20% de los más pobres.

Para hacer frente a una crisis de estas características hay pocas herramientas y, las que hay, están infradotadas. El escenario que estamos viviendo, y el que se avecina en los próximos meses, es de una gravedad extrema, no solo por la magnitud de la realidad sino también por los episodios que se derivan de la pobreza, desde problemáticas de salud mental a la violencia doméstica o a la falta de perspectivas de integración. Una sociedad no puede plantearse un futuro válido y con estabilidad sin hacer frente a hechos tan dramáticos, con un aumento considerable, potente y duradero tanto de las prestaciones como de su durabilidad. No es posible esperar a un resurgimiento económico (que depende todavía de la evolución de la pandemia), y son más necesarios que nunca los mecanismos para luchar contra esta lacra, a través de una revisión urgente de las estructuras y de la dotación de personal y recursos destinados al sector más vulnerable de la sociedad.