Ya se ha dicho por activa y por pasiva que después de más de 16 meses de pandemia oficializada en España aún no hay una ley estatal que permita poner orden en el desorden. Y al ritmo que vamos, no la habrá. Solo Aragón supo ser ambicioso aun a riesgo de inconstitucional con una ley propia que pudiera darle al Ejecutivo de Javier Lambán la capacidad para decretar restricciones. Una inconstitucionalidad que fue aclamada por la oposición en las Cortes de Aragón tan solo por hacer ruido más que por querer tener razón, y que nunca decidió recurrirla por su supuesta inconstitucionalidad.

Un extremo que ahora sí parece que tiene visos de estudiarse jurídicamente en el Constitucional, tal como lo señala el último auto del Tribunales Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sobre los toques de queda propuestos por el gobierno de Aragón para las ciudades de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro. Lo dice bien claro: hay un posible vicio de inconstitucionalidad en el instrumento jurídico que aprobó el gobierno aragonés. ¿Y ahora qué? Lo fácil sería poner la diana en el Gobierno de Lambán, pero no sería ni razonable ni justo. Tan solo Aragón consideró conveniente tener un marco jurídico claro y previsible para cada circunstancia sanitaria.

Sin ser posible el confinamiento de la comunidad ni decretar un toque de queda, sí que puede actuar con precisión en otras restricciones que se han comprobado como validas. Lo que hizo Aragón fue un regate corto, sí. Pero necesario ante la inacción del Gobierno de España que es quien debía haber gestionado jurídicamente la pandemia durante estos últimos 16 meses. Sin una legislación clara a nivel estatal sobre cómo y cuándo las autonomías pueden restringir derechos fundamentales, solo queda llamar a la puerta de los Tribunales Superiores de Justicia. Y confiar erróneamente en que su decisión esté en la línea de la realidad sanitaria. Un escenario que es peligroso, dañino y contraproducente.

Los Tribunales Superiores no deben pronunciarse sobre algo concreto. Sino sobre principios que son generales a todos y a su vez abstractos. No podemos cargar todo el peso sanitario, social y político sobre unos magistrados que deben posicionarse sobre peticiones demasiado concretas, variables en cuestión de días y con criterios científicos dispares. Es más que razonable que este escenario disguste a la judicatura porque están ejerciendo un cometido que no es el suyo. La labor de los jueces no es gobernar ni adoptar decisiones administrativas, aunque puedan ser impugnadas después a la Justicia.

El desgaste tiene que ser exclusivamente de la política que es la responsable de urdir una ley tras más de 16 meses de inseguridad jurídica. Una ley que ha sido aprobada en otros países europeos con un consenso suficientemente amplio. Y en España, salvo por el éxito de la vacunación, seguimos inmersos en una crisis con precipitación, sin claridad y con ocurrencias.