El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado a 11 personas, entre ellas el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, además del exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino y seis comisarios –entre ellos José Manuel Villarejo– que formaban la cúpula policial del ministerio, todos implicados en la operación Kitchen, el operativo montado para espiar al extesorero Luis Bárcenas, sustraerle documentos comprometedores para el Partido Popular y así evitar que llegaran al juez que investigaba la trama Gürtel y la caja b del PP. Están acusados de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales. El juez libra del caso a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a su marido y a su exjefe de gabinete porque no encuentra indicios suficientes de delito. Así, la que la Fiscalía Anticorrupción consideraba la pata política del caso queda fuera de la causa, que queda limitada a una operación del Ministerio del Interior, sin participación del partido, aunque esta delimitación no resta gravedad en absoluto a los hechos investigados. El juez ha cerrado el caso precipitadamente, según la fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones, que habían pedido la prórroga de las investigaciones. El magistrado ha rechazado, por ejemplo, la citación del exdirector general del cuerpo y exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

Toda la operación reviste una gravedad extrema por utilizar el aparato del Estado para obstruir las investigaciones judiciales de una trama de corrupción que afectaba al partido entonces en el Gobierno, el primero de Mariano Rajoy (2011-2015). La operación de espionaje fue urdida el año 2013 y dirigida, según el juez, por el propio ministro del Interior quien, «con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas». Para ello se utilizaron fondos reservados.

Ante este nuevo escándalo que sacude al PP, su máximo dirigente, Pablo Casado, debe afrontar las consecuencias. Hasta ahora, se ha limitado a destacar la exoneración de Cospedal y, como hace siempre, a desviar la cuestión hacia Pedro Sánchez. «Se ha visto que es una persona inocente [Cospedal]. Yo no tengo nada que ver con Villarejo ni nada que temer. Lo que no sabemos es si Pedro Sánchez tiene algo que esconder y algo que temer», dijo.

Si el juez hubiera mantenido la imputación de Cospedal, a la que no se abrió ni expediente informativo, tal como marcan los estatutos del PP, la situación de Casado estaría más comprometida, pues gracias a ella alcanzó la presidencia del partido en las primarias, pero eso no le libra de asumir sus responsabilidades, condenar los hechos y no limitarse a decir que pertenecen al pasado y que él nada tiene que ver con el PP de Rajoy, algo que es falso.