Opinión | Editorial
El empleo público y los méritos ideológicos

La concejala de Economía, Carmen Herrarte (Cs), el pasado jueves, conversa con el concejal delegado de personal, Alfonso Mendoza (PP). / ANDREEA VORNICU
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza deberían aclarar cuanto antes si el proceso que otorga una plaza de técnico medio de contabilidad a Yolanda Montesinos en el Instituto Municipal de Empleo (Imefez) se hizo de manera correcta. Montesinos, que fue asesora del PP durante más de 16 años, consiguió 23,52 puntos en el apartado de experiencia profesional en el que según las bases (punto 6.1.1) «se valorará haber prestado servicios en cualquier Administración pública, como funcionario, funcionario interino, personal laboral fijo o contratado temporal en puestos de contenido similar al convocado, hasta una puntuación máxima de 30 puntos». A razón de un punto por año trabajado.
Bien es verdad que su currículo se ha labrado en la Administración pública, pero siempre como personal eventual de libre designación, puesto que nombran a dedo los partidos para confeccionar sus equipos de confianza. Aquí radica el problema, ya que de cara a acceder a la función pública no puede computar como mérito, tal y como establecen las bases del propio proceso selectivo en el Imefez. Solo una plaza como funcionaria o a la que hubiera accedido tras una oposición podría haberle hecho ganar puntos. Lo curioso es que Carmen Herrarte, concejala de Economía en el ayuntamiento (Cs) y vicepresidenta de Imefez, avala con su firma la resolución de la contratación de la exasesora de Beamonte y a la vez pide que los servicios jurídicos investiguen el proceso. Está claro que no quiere verse involucrada.
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