Diques al precio de la luz

El precio de la luz se ha convertido este verano en uno de los temas de debate que más disgusto concita. Y que más desconcierto genera ante la dificultad de desentrañar el funcionamiento del mercado eléctrico. Inquieta a los pequeños consumidores, que temen cuál será el importe de su próxima factura de la luz, y también a los empresarios, que se han dirigido al Gobierno para reclamar un sistema de fijación de precios de la energía eléctrica que evite convertirse en un factor que perjudique su competitividad. E incluso que dificulte la transición energética hacia la neutralidad de emisiones, como recordó el mes pasado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al reclamar una reforma a la Comisión Europea, sin obtener una respuesta favorable. También desencadena tensiones en el interior del Gobierno de coalición, con Podemos basculando hacia la movilización en las calles contra una política energética que depende del Gobierno en el que participa. Aunque solo en parte, como se demuestra por las notables dificultades con las que topa cualquier intento de intervenir en la regulación de este mercado.

El 1 de junio empezó la polémica con la entrada en vigor del nuevo modelo de facturación de la luz, que teóricamente debía permitir un ahorro para el consumidor y una racionalización del sistema si el consumo se desplazaba hacia los horarios nocturnos. Pero otro factor ha devorado ese debate. El encarecimiento del precio de la energía eléctrica, disparatado en el mercado mayorista y que, aunque solo se traslada en parte al consumidor final, es de tal dimensión que afecta notablemente la factura real. La causa está en un sistema fijado por Europa que hace que el precio de la energía que se vierte en la red como último recurso sea la que establece el precio general. También en una situación meteorológica que hace que las centrales de gas de ciclo combinado entren en juego y en un contexto de transición energética que encarece este modo de generación para sufragar los costes de sus emisiones de CO2.

La reducción del IVA, para consumidores con menos recursos y solo hasta final de año, ha sido una primera respuesta que ha tenido su impacto positivo aunque insuficiente. La segunda respuesta del Gobierno, plantear la creación de una empresa eléctrica pública que pueda intervenir en el mercado con criterios no de beneficio empresarial, y que pueda asumir las centrales hidroeléctricas cuya concesión vaya caducando en los próximos años, tiene dos virtudes. Encajar con las demandas de Podemos y reducir la tensión entre los dos socios de Gobierno.

Con todo, ni esta intervención tendría un impacto contundente, ni su resultado sería inmediato. Y la presión sobre los precios requiere respuestas más urgentes. Medidas paliativas ante la pobreza energética y también una revisión del mecanismo de fijación del precio de la luz que, como sucede en otros países con los que compartimos una normativa europea general, la modulen para evitar que el precio de la luz para hogares y empresas sea tan volátil.