Una expulsión sin garantías

Con unos 700 menores marroquís agolpados en instalaciones provisionales desde hace tres meses, a menos de un mes del inicio del curso escolar, cuando se debería tomar una decisión que les otorgaría un primera base de arraigo en el país, parece que la presión del calendario ha llevado al Ministerio del Interior y al Gobierno de Ceuta a tomar un atajo para zanjar el problema. Las autoridades de la ciudad autónoma reclamaron al departamento del exjuez Fernando Grande-Marlaska que activase un convenio con Marruecos nunca utilizado desde 2007 para poder devolver a los menores a su país de origen. Y este dio las instrucciones necesarias para hacerlo posible, por más que se haya querido desmarcar luego de la decisión, haya argumentado que no son expulsiones sino un «retorno asistido» o haya alegado que un «ruego» del Ministerio del Interior al delegado del Gobierno en Ceuta no es una instrucción, en una más de las maniobras de distracción difícilmente sostenibles que ha practicado durante este episodio. Y que deberían poner al ministro en una situación comprometida en el Ejecutivo, y no solo por la presión ejercida desde Podemos.

Aunque se está a la espera de nuevas actuaciones judiciales, hasta ahora la Audiencia Nacional, el juez de lo contencioso de Ceuta que ha suspendido durante 72 días las expulsiones, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Asuntos Sociales, Unicef y numerosas oenegés coinciden en que el acuerdo con Marruecos, nunca utilizado hasta ahora en ninguna de las crisis con menores no acompañados, en ningún caso permite soslayar ninguna de las previsiones de la ley de extranjería. Y que antes de decidir qué menores deben ser devueltos a sus familias y puestos en manos de las autoridades de protección de la infancia de su país –y cuáles se encontrarían en situación de vulnerabilidad y riesgo y por lo tanto merecen ser tutelados por la Administración española– debe disponerse de información sobre las circunstancias familiares, informes individuales de los servicios de menores y la fiscalía y una entrevista individual con el menor si este tiene capacidad de juicio.

No basta con alegar que Marruecos –después de haber lanzado a estos niños y jóvenes sobre la frontera española utilizándolos como peones en un conflicto diplomático– ahora esté dispuesto a acogerlos. La polémica tampoco se reduce al hecho de si se ha cometido algún error formal discutible pero irrelevante. Según la oenegé Save the Children, de los 303 menores que ha atendido una cuarta parte de ellos habrían sufrido «violencia física, abusos o malos tratos» en su país de origen. Si las cifras planteadas por la oenegé son acertadas, es imposible cumplir este propósito sin haber agotado todos los requisitos necesarios. Porque lo dice la ley y porque, sin disponer de esta información, el riesgo de vulnerar los derechos fundamentales de adolescentes bajo custodia de las autoridades españolas es demasiado alto. No se trata de una cuestión de procedimiento. Se trata de garantizar o no los derechos del menor.