Se ha abierto un debate sobre cómo debe funcionar el uso de las carreteras, y voy a tomar esto como ejemplo del significado que tienen para mí los servicios públicos que se ofrecen desde el Estado a los ciudadanos, a través de sus administraciones, pues quizás de esta manera seamos capaces de complementar los impuestos con su destino hacia dichos servicios.

En España tenemos una amplia variedad de redes de comunicación para vehículos; existen carreteras locales, autonómicas, nacionales, autovías y autopistas, estas últimas son privadas por una concesión del Estado y cobran un peaje por su uso.

La Administración Central ha empezado a recuperar algunas de estas últimas, por lo que se ha abierto el debate sobre quién debe pagar el mantenimiento de las carreteras. Creo que no hay discusión sobre cómo se ha de realizar la inversión para la construcción: la estructuración del territorio debe tener carácter público y, por tanto, su coste tiene que asumirse a través de los impuestos, pero una vez que la obra esté finalizada el mantenimiento debería corresponder a quienes la usan, con las debidas fórmulas de aplicación; el sector del transporte, por ejemplo, podría desgravarse de esas tasas en la declaración del impuesto de sociedades, de esta forma tendría incidencia nula en sus costes; pero para decidir sobre la imposición de tasas por los servicios públicos, lo lógico sería tener un estudio previo con respecto a su finalidad (no siempre es así). Una vez utilizado el servicio de las carreteras como ejemplo, creo que podemos establecer las bases de cómo las Administraciones Públicas deben dar respuesta a los ciudadanos a través del modelo de sociedad que se le ofrece y que ellos, en las elecciones, habrán optado por uno u otro; existen determinadas instituciones que tienen poca discusión sobre cómo acometer sus costes, tanto de inversión como de gestión y mantenimiento, un buen ejemplo sería el ejército o las fuerzas de seguridad, pero, incluso, en estas algunos de los servicios sí deberían estar a cargo de quien los reciba.

Pero establezcamos un criterio, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace la siguiente redacción: 1). Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2). La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. ¿Qué significa esto? Que la sociedad a través de sus instituciones debe garantizar los derechos básicos de aquellos que no puedan costeárselos por sí mismos, a partir de aquí los ciudadanos que tengan la capacidad económica de ser autosuficientes deberían pagar una pequeña contribución por ciertos servicios (para ser conscientes en su uso, aunque pudiese ser devuelta a través de los impuestos): carreteras, asistencia sanitaria, alguna matrícula en educación, porque hay servicios que ya tienen sus tasas y nadie se escandaliza, por ejemplo la recogida de residuos sólidos urbanos (basuras), o los bomberos en algunos de sus operativos. Hay tal cantidad de tasas que sería larga la relación, por tanto, lo que se debe garantizar es una vida digna para quienes, por circunstancias ajenas a ellos, no puedan acceder a los servicios públicos por carecer de medios para su pago. Es fundamental que entendamos cuál es el verdadero sentido de los impuestos y cómo, en una medida importante, su destino debe tener como finalidad un concepto que dé valor a nuestra sociedad, en su conjunto, y a cada uno de nosotros de manera individual; me refiero a la solidaridad.

La solidaridad debe ser el verdadero valor redistributivo de la riqueza, no en vano el dinero es un instrumento que tenemos como fórmula de intercambio al esfuerzo de cada uno, pero en sí mismo no nos aporta nada en cuanto a ser persona y ciudadano. Lo somos por sentimiento, confirmación y capacidad intelectual.

Hagámonos una reflexión sobre qué y quiénes somos y no perdamos ninguno de los momentos de nuestra vida en discusiones sobre la superioridad de unos sobre otros, pues al final el tiempo se encarga de dar tarjeta de olvido a todo eso, e incluso a nosotros. He conocido demasiada gente que se consideraba una referencia en el mundo y terminaron sin que nadie los recordase. Pero volviendo a la relación: servicios públicos y coste, seamos generosos como ciudadanos y demos valor de igualdad a quien lo necesite. Puedo asegurar que nos sentiremos más completos.