Resulta difícil de comprender que la exdirectora general de Cambio Climático del Gobierno de Aragón, Marta de Santos, anunciara ayer -en el interín entre su cese como responsable en el Gobierno y su toma de posesión como diputada- una ley sobre la materia de la que sus socios desconocen el contenido. Y aún más que lo hiciera como miembro de uno de los partidos y no lo hubiera hecho durante los dos años en los que ha ejercido la responsabilidad gubernamental. Es evidente que cualquier partido tiene la legitimidad absoluta para presentar cualquier proposición de ley, y mucho más en una cuestión tan oportuna como esta, en plena crisis por la subida de la tarifa eléctrica que castiga de lleno a todos los consumidores.

Pero es un tanto difícil de entender que si se tienen esas responsabilidades en un Gobierno y además se han ejercido como tal, se anuncie esta iniciativa al día siguiente de dejar esa responsabilidad, y cuando además aún se desconoce quién sucederá en el puesto a De Santos.

CHA apoya la propuesta de Podemos, crear una necesaria ley de Cambio Climático que entre otras cuestiones pretende crear una empresa pública de energía, pero al igual que el resto de socios, el PAR y el mayoritario, el PSOE, desconoce el contenido de la iniciativa de la formación morada, que anunció ayer la existencia del documento pero que no fue hecho público. La intención es que se pueda aprobar en consejo de gobierno, lo que supondría entonces que fuera un proyecto de ley que, hoy por hoy, e independientemente de lo necesario que pueda ser, parece que no saldrá adelante. En primer lugar por la falta de maduración y consenso dentro del cuatripartito, y en segundo lugar por la complejidad que puede entrañar la redacción de una ley que pretenda poner coto a los abusos del mercado eléctrico. Y mucho más cuando está regido por normas nacionales y europeas.

En cualquier caso, es bienvenida la preocupación de Podemos por poner el acento en una cuestión que preocupa a los ciudadanos y que en estos momentos debería ser objeto de amplio debate y de una toma de decisiones mucho más contundente que la de proponer una bajada de la presión fiscal en la parte impositiva que depende del Gobierno central, como ayer mismo señalaron desde Moncloa. Otra cosa es que este tipo de iniciativas se presenten de la extraña manera que lo hizo ayer la formación morada, que tiene puestos de responsabilidad en dos consejerías pero que lo hizo desde su sede, con sus siglas, y sin debatir, según indican sus socios, en el propio Pignatelli.