La proliferación de delitos de odio contra la orientación o identidad sexual (aunque durante el confinamiento, enquistados más en las redes que en las calles) ha disparado todas las alarmas y ha provocado la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento para la actualización del Plan de Acción contra los Delitos de Odio, que hoy presidirá el presidente del Gobierno. Aunque algunos se aferren a un oscuro episodio con aspecto de denuncia falsa para desmentir la gravedad de la situación, no se puede ignorar que se han ido sucediendo episodios inquietantes desde el brutal ataque protagonizado por una jauría humana en La Coruña, a primeros de julio, que acabó con la vida de Samuel Luiz Muñiz, hasta las últimas agresiones en Sant Celoni o Valencia, pasando por el episodio del Somorrostro, en Barcelona. Es lógico que los colectivos señalados por los violentos se sientan inseguros, vulnerables e indignados. Como se debería sentir cualquier ciudadano por la violación de cualquier parámetro democrático básico, desde el respeto a la diversidad y la libre elección de la opción sexual hasta el de sentirse, simplemente, seguro en la calle.

Según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, un 55% de los delitos cometidos contra el colectivo no llegan a denunciarse. Este tipo de acciones responden a dos tipologías: la agresión inmediata, sin más justificación que una exacerbada y primitiva intolerancia, y la premeditada actuación en grupo.

Es inexcusable atajar cualquier conducta violenta, tanto si es explícita y trágica como si se trata de insultos, bromas o malas praxis en cualquier circunstancia cotidiana. Para ello, deben activarse recursos a largo plazo (con la educación en la diversidad al frente) pero también respuestas policiales y judiciales inmediatas. Y también debe denunciarse, con la intensidad adecuada, la instalación de corrientes de opinión homófobas y contra los derechos civiles promovidas por organizaciones ultras. Algunos ministros, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han afirmado que «hay discursos que están al límite de lo que es procedente» y que «el respeto a la diversidad» no forma parte del ideario de la extrema derecha, y otros, de Unidas Podemos, han señalado directamente a Vox como generadora «de discursos de odio». Mientras tanto, el PP defiende que no existe tal relación y el partido de Santiago Abascal amenaza con los tribunales a quien les relaciones con la violencia.

Es temerario vincular de forma directa con la comisión de delitos gravísimos a una determinada formación política sin que exista un vínculo causal evidente. Pero también es necesario insistir en que el menosprecio al diferente, el recurso al amedrentamiento y las llamadas a reconquistar la hegemonía perdida por un modelo agresivo y caducado de masculinidad acaban conformando un caldo colectivo de intolerancia. Alimentar un discurso de odio acaba teniendo consecuencias. Y deben combatirse tanto el primero como las segundas.