La Cámara de Cuentas hizo público ayer un informe en el que revisa la implantación de las recomendaciones realizadas a Aragón por el Tribunal de Cuentas en sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la ley de la dependencia y las conclusiones son demoledoras: el 99% de los solicitantes fallecidos ese año ni siquiera habían sido valorados. Este punto constata lo que se viene señalando desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una ley tan fundamental y beneficiosa: que de nada servía si no iba dotada de los suficientes recursos materiales y humanos para que los ciudadanos recibieran las prestaciones en tiempo y forma. Tampoco ayudaron los recortes que se realizaron bajo los gobiernos del Partido Popular, de Luisa Fernanda Rudi en el caso de Aragón, pero tampoco puede servir de excusa para que el Ejecutivo posterior no pudiera reaccionar a su debido tiempo para evitar unas cifras tan demoledoras. Aragón incumplía en el año 2018 el plazo máximo para resolver las solicitudes de ayuda, que se situaba en 411 días de media, una demora que, según el tribunal, resulta especialmente perjudicial en los casos de los beneficiarios que fallecen en la espera, que fueron el 99% de las 2.233 personas que solicitaron las prestaciones.

El Gobierno de Aragón ha realizado un importante esfuerzo presupuestario para corregir este fracaso, y en tan solo cinco años se ha incrementado el presupuesto en 51 millones, hasta ejecutarse 235 en 2020. Asimismo, se considera que hay un notable aumento presupuestario y llegan 19 millones más del Gobierno central, aunque esta cifra es insuficiente para hacer frente a todas las necesidades de la ciudadanía aragonesa, y mucho más aún con una población envejecida y, por tanto, más susceptible de ser dependiente. En este sentido, el Gobierno de Aragón sigue reclamando, como se contempla en la ley, que lleguen las partidas que debe aportar el Gobierno de España, que debe suponer el 50% de las necesidades y que nunca se ha cumplido.

Si bien es cierto que muchas de las personas que solicitan estas ayudas tienen más riesgo de fallecer durante el largo proceso de tramitación de la valoración, hay que invertir todos los esfuerzos necesarios para que no se produzcan demoras como las constatadas por la Cámara de Cuentas de Aragón, y que hay que seguir trabajando para que haya más recursos y se reduzcan considerablemente las cifras de espera.