Suena un poco raro que Aragón vuelva a meterse en una aventura olímpica cuando ni siquiera se ha terminado la autovía hasta Jaca, cuando Candanchú vive sus peores momentos, cuando la nieve en los Pirineos es un bien cada vez más escaso, cuando el actual modelo de desarrollo de la alta montaña desaconseja inversiones tan costosas y traumáticas como las que exige un evento de esa magnitud, cuando la capacidad inversora de Aragón está a años luz de un acontecimiento semejante o cuando el último deportista aragonés que compitió en unos Juegos de Invierno se ha tenido que pasar al ciclismo.

Asombra que Aragón, Cataluña, el COE y el Gobierno español pretendan apostar por unos deportes en los que España pinta tanto como Noruega en un Mundial de fútbol. En treinta años, el deporte blanco español ha obtenido tres raquíticas medallas de bronce: una en 1992, con Blanca Fernández Ochoa, y dos en los Juegos de 2018, en los que brilló el patinador Javier Fernández, ya retirado. Incluso Australia, que no es precisamente una potencia en la materia, ha conseguido en una sola cita más de lo que España conquistó en toda su historia. Muchos programas de ayuda harían falta hasta 2030 para competir con cierta dignidad.

Y sorprende que Aragón y Cataluña puedan compartir candidatura, después de que el presidente catalán, Pere Aragonés, se refiriera a ella con el nombre de Pirineus-Barcelona, sin ninguna mención a su comunidad vecina. No es que seamos desconfiados, pero así mal empieza una candidatura conjunta. Con un Gobierno catalán que aspira a lo que aspira, Aragón no puede afrontar una carrera olímpica con un ojo puesto en el vecino para que no le borre el nombre y le robe todo el protagonismo.