El tan traído y llevado café para todos se ha demostrado irreal en la práctica. Una España a varias velocidades y donde el nacionalismo ha chantajeado como ha querido es el resumen de estas últimas décadas. Esto provoca que se abra paso una nueva mentalidad: una nueva transición donde deba fijarse de manera clara una necesaria y justa financiación autonómica. Un asunto que nadie abre desde el Gobierno central y que tras años de pasotismo es una bomba de relojería territorial y partidista.
Sin el liderazgo desde el Gobierno, sobre cómo debe ser la reforma de la financiación autonómica, cada autonomía hace la guerra por su cuenta en alianzas o ententes. El debate incipiente está enquistado: la España poblada contra la España Vacía y sin puntos en común. Cada cual defiende sus tesis y no se aprecian nexos de unión. El Gobierno de España no se atreve a sentar a las dos partes.
En la unión de la España despoblada está el compromiso férreo de Lambán por no plegarse a los intereses de los de siempre ni mucho menos que la sangría poblacional no esté recogida en la financiación. La suma de Andalucía y Valencia por hacer fuerza en la futura financiación junto al interés compartido de Cataluña no beneficia a Aragón. Ni mucho menos.
El coste de los servicios en la España Vacía debe ser la pieza de encaje de la nueva transición. O habrá una quiebra territorial más nociva que el propio nacionalismo: ciudadanos que no solo se sientan de segunda, sino que se lo confirme su propio Gobierno con una financiación a favor de la España poblada.
Aragón no es más ni menos que nadie. En un puzzle complejo siempre ha demostrado lealtad a las reglas de juego aunque no siempre haya sido beneficiado. E igual es el momento de decir basta. Aragón está cansada de ser la pagana de los pactos de la Moncloa o de los intereses de las autonomías con más peso electoral. Es hora de que haya justicia territorial y terminar con los agravios.
