Carles Puigdemont trata de situarse de nuevo en el centro del tablero político catalán. El expresident de la Generalitat fue detenido la noche del jueves en el aeropuerto de Alguero en aplicación de la euroorden dictada por España. El Tribunal de Apelación de Sassari, ante el que compareció telemáticamente ayer, deberá decidir si inicia su proceso de extradición. Puigdemont, que volverá a declarar ante el juez el 4 de octubre, quedó en libertad sin medidas cautelares. Entre tanto, este nuevo episodio –ya fue detenido en Alemania en marzo de 2018– abre otro litigio judicial y trastoca la agenda política. Se evidencia de nuevo que los tiempos de la Justicia y de la política no siempre coinciden.
En el plano jurídico, la Justicia italiana debe terciar entre dos interpretaciones, diametralmente opuestas, que esgrimen el Tribunal Supremo y la defensa del expresident. Su abogado sostiene que la orden de detención y entrega, aunque estuviera activa, no es ejecutable porque el Tribunal General de la UE, el 30 de julio, levantó la inmunidad de Puigdemont alegando –tras no haber recibido información fidedigna de las autoridades españolas– que la euroorden había sido suspendida por España. El juez Pablo Llarena, instructor de la causa en el Supremo, asegura que la cuestión prejudicial que planteó solo afectaba al proceso abierto en Bélgica, pero no impedía que se pusiera en marcha un procedimiento si era detenido en otro país.
La situación es confusa, se presta a lecturas dispares y plantea aún múltiples incógnitas. Hay dos frentes judiciales abiertos, en Italia y ante la propia Justicia europea a la que ha recurrido de forma cautelar el expresident. Sin embargo, el impacto político de su detención fue inmediato, tanto en el plano institucional como, en menor medida, en la calle. El presidente Sánchez se escudó en la independencia judicial y reiteró su voluntad de que Puigdemont responda ante los tribunales. El president Aragonès compareció para exigir su «puesta en libertad inmediata», reclamar la retirada de las euroórdenes e insistir en que la solución del «conflicto político» pasa por la amnistía y la autodeterminación.
Los daños colaterales de esta detención pueden alimentar las posiciones extremas, desestabilizar tanto la mesa de diálogo y restar margen de maniobra tanto a ERC como al presidente Sánchez, que necesita a los republicanos para mantener su mayoría parlamentaria y tramitar los presupuestos. El destino de Puigdemont, según cuál sea el desenlace del episodio sardo, puede torpedear los puentes del diálogo. Preservarlos debe ser un reto compartido, así en Madrid como en Barcelona.
