La reforma de la financiación autonómica lleva caducada siete años por la crisis económica española, por las ansias independentistas catalanas y/o por el desacuerdo entre PSOE y PP. Durante los gobiernos de Mariano Rajoy no existieron ni promesas ni intentos de negociar nada. La llegada al Ejecutivo central de Pedro Sánchez trajo el interés del Gobierno español en lograr un acuerdo pero en esta ocasión la pandemia provocó otro frenazo. En todo este tiempo se ha puesto de manifiesto que las comunidades necesitan del Estado para hacer frente a la educación, la sanidad y los servicios sociales, principalmente, pero aquel no tiene claro cómo hacer el reparto. Además, se ha puesto de manifiesto que la Conferencia de Presidentes Autonómicos no sirve para esto, ya que solo es un foro para hacerse fotos, para hacer verborrea política y para ver que las 17 comunidades no están en pie de igualdad, a pesar de que una gran mayoría tengan las mismas competencias. Pero tampoco el Senado es un lugar apropiado. Desde los tiempos del presidente Felipe González se dice que debe convertirse en una auténtica cámara de representación territorial, pero nunca se llega a ejecutar, y debates como el de este reparto de dinero no se celebran nunca allí. Así las cosas, los presidentes autonómicos han decidido abrir brechas, hacerse fuertes ante Madrid y airear una España territorial que nada tiene que ver con las siglas de los partidos (sobre todo con las de los clásicos del bipartidismo), lo cual pone muy nerviosos a los que desde Madrid dirigen el PSOE y el PP. Todo un desafío.

No es casualidad que el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, busque una alianza con comunidades que sufren los mismos problemas que Aragón a la hora de ofrecer los servicios básicos a los ciudadanos, al margen del partido al que representen las autonomías. Y, así, decida alinearse con las populares Galicia y Castilla y León, compartiendo grupo y modelo de la España despoblada con las socialistas Extremadura, Asturias y Castilla La Mancha. Pero lo mismo hacen dos barones como el popular andaluz José Manuel Moreno Bonilla y el socialista valenciano Ximo Puig, cuya alianza abogando por criterios de financiación basados en la población ajustada ha levantado ampollas. Además, Lambán ya ha advertido que no va a tolerar «ningún trato de favor» e incluso ha amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si ocurre esto o si la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán toma alguna decisión a este respecto. Toda una declaración de intenciones.

Esta guerra autonómica afecta y mucho a la línea de flotación de los dos partidos mayoritarios. Porque, por ejemplo, el PP aragonés de Luis María Beamonte tendrá que decidir si se alinea con la postura del Ejecutivo aragonés, y por lo tanto con la del PP gallego y castellano leonés. O por el contrario prefiere a los también populares de Andalucía y Madrid que tienen argumentarios incluso distintos entre ellos. Pero lo mismo les ocurrirá a las oposiciones de los otros parlamentos regionales. A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le pasará igual, ya que en un momento concreto tendrá que decidir y tomar un camino u otro. Si difícil es que PSOE y PP se pongan de acuerdo para renovar el Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, más lo va a ser con la financiación autonómica, seamos realistas.

Pero estas posturas tan marcadas y este ejercicio de exhibir poder autonómico ante el Ejecutivo nacional, está derivado también del inconveniente que tienen los dos partidos tradicionales con formaciones territoriales que están surgiendo en los últimos años y que pueden tener un importante protagonismo en las próximas elecciones, las de 2023, autonómicas, municipales y generales. Por ejemplo, Teruel Existe. Formaciones como la aragonesa, que ya han hecho mucho daño al bipartidismo, recogen esas demandas del territorio que hasta ahora se perdían al llegar a Madrid, pero que en estos momentos, también desde los partidos tradicionales, quieren llevar hasta las últimas consecuencias. PSOE y PP pretenden ahora recoger esas demandas de la España plural desde los territorios, empezando por un reparto justo del dinero. Nadie debe olvidar que ese posicionamiento al margen del partido, puramente autonómico, es toda una estrategia para posicionarse ante las próximas citas electorales que, aunque lejanas, llegarán. El PAR, Chunta, e incluso Ciudadanos, Podemos e IU (a Vox no le gusta el estado autonómico, así es que su opinión tiene poco recorrido) también les va a interesar, y mucho, esta visión regional frente a la nacional que, probablemente, estará teñida de los colores de las banderas catalana y vasca.

El Estado debe gestionar mucho mejor la pluralidad de los territorios. Con la Conferencia de Presidentes, con el Senado, y con todos aquellos mecanismos necesarios para que los poderes autonómicos no sean un lugar de enfrentamiento permanente. La financiación tendría que ser algo establecido para muchos años, porque no puede frenarse el desarrollo de ningún territorio y en estos momentos muchas comunidades autónomas, por no decir todas, necesitan el acuerdo como el comer.