He estado pasando una semana en Melilla y lo que más se me ha quedado grabado es que sea una ciudad sitiada por Marruecos. Desde el día 14 de marzo de 1920 el Gobierno marroquí cerró la frontera a cal y canto y desde entonces el pequeño y típico comercio fronterizo que daba alimento a miles de familias está paralizado, lo cual ha motivado un alza espectacular en los precios del consumo diario y una sensación de vivir sitiados en un perímetro de 12,5 kilómetros cuadrados. Vayas por donde vayas, en cuanto se sale del pequeño círculo de la ciudad vieja te topas con las vallas metálicas que hacen de frontera artificial. Este aislacionismo forzado ha provocado también, según dicen los hosteleros, que el turismo haya descendido hasta cotas muy peligrosas para el futuro de una ciudad preciosa que vale la pena visitar, no solo por sus tranquilas playas y por la amabilidad de sus gentes (tanto marroquíes como españoles), sino sobre todo por la maravillosa rehabilitación de la primitiva ciudad amurallada y por la espectacularidad de la conservación de los edificios modernistas construidos a comienzos del siglo veinte.
Hecho diferencial
Al igual que pude comprobar cuando visité Ceuta hace unos años, en Melilla se escucha hablar árabe en todas sus calles y plazas, y se ven centenares de mujeres ataviadas con las clásicas túnicas y toquillas musulmanas. Asimismo, el pequeño comercio, los bares y los restaurantes están controlados por pequeños empresarios árabes. En cambio, hay un hecho diferencial muy importante entre ambas ciudades: en Ceuta no me fue posible tomar una cerveza o una copa de vino en ningún bar regentado por musulmanes, mientras que en Melilla es posible sin problema alguno. Es decir, mi impresión es que los árabes melillenses (tanto hombres como mujeres) están más europeizados que los ceutíes. No sé a qué pueda deberse esa diferencia. Tampoco tengo claro si ese dominio de la vida cotidiana de ambas ciudades por parte de los marroquíes se debe a una política premeditada del Gobierno de Marruecos para controlar de facto ambas ciudades, o si la causa radica en que miles de familias de ese país decidieron establecerse allí de manera absolutamente voluntaria.
Sea cual fuere la causa, me parece bastante evidente que Ceuta y Melilla son, hoy en día, dos ciudades muy vulnerables que acabarán perteneciendo política y administrativamente a Marruecos en cuanto le interese tomarlas a su rey y a la camarilla que le rodea, a no ser que el Gobierno español esté dispuesto a defenderlas militarmente de manera decidida. Personalmente, veo muy difícil que ningún Gobierno español esté dispuesto a una nueva guerra con Marruecos para defender a ambas ciudades. Por eso, considero que el procedimiento más sensato desde el punto de vista preventivo es el uso de una negociación diplomática hábil y eficaz para evitar que nos ocurra algo semejante a lo que sucedió con el Sahara como consecuencia de la marcha verde marroquí del año 1975: que perdamos la soberanía española de esas dos plazas, y probablemente también del archipiélago canario, sin obtener nada a cambio.
Cuando hablo de una vía diplomática no me refiero a basar esa posible negociación en los derechos históricos españoles sobre esas ciudades, ya que entiendo que es un argumento infantil y muy perjudicial para nuestros intereses nacionales. Ese fue el criterio que se contempló en la Constitución para otorgar el estatuto de autonomía a Cataluña, País Vasco y Galicia, y hoy sabemos que ha servido para radicalizar a los grupos independentistas. Alfonso Guerra, en su libro titulado 'La España en la que creo: en defensa de la Constitución', afirma que el mayor error cometido en la gestación de la Constitución de 1978 fue haber introducido el respeto a unos supuestos derechos históricos del pueblo catalán, vasco y gallego para alcanzar una autonomía diferente a la del resto de regiones españolas.
Armas dialécticas
Pienso que el Gobierno español dispone de armas dialécticas suficientes para evitar ese peligroso enfrentamiento con Marruecos. Sin embargo, creo que debe acabar ya mismo el despilfarro que supone la actual organización administrativa y política de ambas ciudades. Es absolutamente incomprensible que para administrar dos ciudades de 85.000 habitantes cada una, sea necesario disponer de un Gobierno autonómico, de un parlamento, de un Gobierno local, de una delegación del Gobierno central y de unas estructuras militares y policiales que pueden hacer bien poco, o nada, cuando el rey de Marruecos se decide a enviarnos a miles de jóvenes saltándose a la torera el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales. Sería muy útil conocer los millones de euros anuales que nos cuesta a todos los españoles mantener ese ejército de funcionarios que necesariamente tienen que pisarse la manguera unos a otros y fastidiar a los ciudadanos con una excesiva e inoperante burocratización de la vida pública.
