La energía es una cuestión de estado, y como tal, la política energética debería estar libre de ideologías. Con el precio de la energía desbocado no sirve de mucho preguntarse qué pasaría si tuviéramos siete plantas más de energía nuclear o 10.000 MW más de fotovoltaica. Agua pasada no mueve molinos. Seguramente el precio sería mucho menor, y no habría riesgo de fuga de empresas o de pobreza energética, pero como en otros asuntos, los españoles no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y la política energética ha dado bandazos según el gobierno de turno. Llegados a este punto, nos esperan como mínimo dos años de precios sujetos a la volatilidad del gas, y la mala noticia es que el futuro del gas es caro. La solución es acelerar la implantación de energías renovables y una vez más, a los españoles nos cuesta ponernos de acuerdo en cómo hacerlo.

Afortunadamente la política energética de España viene marcada por Europa, y en 2019 entraron en vigor un conjunto de directivas que marcan el camino de los estados miembros hasta 2030. Es el llamado paquete de Energía Limpia. El objetivo es asegurar el cumplimiento del acuerdo de París de 2015 y el compromiso de la comunidad internacional por limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados. Estas normas europeas son de obligado cumplimiento. España ya ha enviado a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030.

A pesar de la evolución tecnológica experimentada desde 1994 por las tecnologías renovables como la eólica y la fotovoltaica, el Acuerdo de París sigue teniendo como objetivo el año 2050 para una economía neutra en emisiones. ¿Ha llegado el momento de ser más ambiciosos y apostar de una manera más decidida para alcanzar mucho antes esos objetivos? La evolución del almacenamiento de la energía y del hidrógeno verde como vector energético para descarbonizar ciertos usos de la energía invitan a pensar que sí. Para conseguirlo, en España hay que pasar de un consumo eléctrico actual de 250 TWh a un consumo futuro de entre 500 y 600 TWh, dependiendo de factores como la eficiencia energética o de cómo electrifiquemos consumos como el transporte. Esto implicará multiplicar por seis nuestra capacidad de generación renovable y modificar nuestra forma de consumir energía. Comunidades energéticas y redes de distribución cerradas son nuevos términos que la Unión Europea incluye en las directivas para asegurar el derecho de los consumidores para producir, almacenar y vender su propia energía. El consumidor se sitúa como epicentro en el nuevo modelo de generación distribuida.

Aragón tiene una oportunidad histórica en este nuevo modelo energético en el que el consumo se acerca a la generación. Es el momento de trabajar todos unidos para que la energía sea un recurso endógeno que genere riqueza localmente, que sea una palanca contra la despoblación y que atraiga industria en Aragón. Una transición energética más justa con Aragón al contrario de lo que sucedió en el siglo pasado con la energía hidroeléctrica o el carbón.