El Tribunal Constitucional de Polonia ha abierto un frente de crisis en la Unión Europea al resolver que varios artículos del Tratado de la Unión son inconstitucionales ya que entran en conflicto con la legislación polaca, a pesar de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que recordaban que con la firma de los tratados el país que ingresa en la UE asume que estos prevalezcan.

La decisión de los jueces polacos, correspondiente al recurso presentado en el Constitucional por el Gobierno de Mateusz Morawiecki a raíz de varias sentencias del TJUE que le han sido adversas, deja las manos libres al primer ministro para desatender lo que disponga la justicia europea, y obliga a la UE a afrontar un caso manifiesto de rebeldía que la debilita en grado sumo. Porque ni parece que, de momento, los gobernantes polacos, sostenidos por el partido ultra Ley y Justicia (PiS), estén dispuestos a buscar la puerta de salida de la UE –el Polexit– ni Bruselas dispone de instrumentos legales para expulsar a un Estado miembro o congelar su pertenencia a la organización. Y_el discurso de la defensa de la soberanía nacional frente a las instituciones europeas puede encontrar otros campos fértiles en los que prosperar.

Se vislumbra así una crisis de duración y consecuencias imprevisibles en la que el Gobierno polaco contará con el respaldo seguro de Hungría y de los partidos de extrema derecha, adversarios declarados, como el PiS, de la construcción política de Europa.

La ola de antieuropeísmo en determinados países de la Unión, que en muchos casos va ligada a partidos de ultraderecha, es un frente abierto que enturbia el largo proceso de construcción europea abierto en el continente tras el final de la II Guerra Mundial. El resto de países deben mostrar más cohesión que nunca para frenar estos movimientos.