El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos van a renovarse. Por fin, cabe añadir, dado que la falta de acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PP, había bloqueado hasta ahora la renovación de unas instituciones en el tiempo y forma que indica la Constitución. Queda pendiente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), palabras mayores dado su carácter pivotal en nuestro sistema democrático.
Es sin duda una buena noticia que en estas instituciones por fin se haya roto un bloqueo político que erosionaba su legitimidad a ojos de la ciudadanía y dificultaba su correcto funcionamiento. En este sentido, un aplauso al Gobierno y el PP por haber superado el bloqueo. Eso sí, la rapidez con la que se ha cerrado el acuerdo para la renovación demuestra, por si hiciera falta, que el bloqueo obedecía exclusivamente a la falta de voluntad política. Gobierno y oposición habían pactado los nombres hace meses, y solo faltaba el visto bueno de los líderes. Pablo Casado tendió la mano el lunes, Félix Bolaños cogió el guante al vuelo y el jueves se anuncia el acuerdo. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? La voluntad política.
Desde el punto de vista del Gobierno, el acuerdo supone cerrar una incómoda carpeta, ya que en última instancia es responsabilidad del Gobierno impulsar y llevar a buen puerto las negociaciones para las renovaciones de los órganos constitucionales. Aunque la responsabilidad del bloqueo no se reparte a partes iguales, la mala imagen entre la ciudadanía que ofrecían las instituciones sin renovar erosionaba al Ejecutivo.
Desde el punto de vista del PP, Casado intenta reforzar su imagen de estadista frente a un Vox cada vez más echado al monte (si es que eso es posible) y apuntarse el tanto del desbloqueo, ya que el desenlace se ha precipitado a partir de la mano tendida del líder conservador en el Congreso. Es cuando menos paradójico, ya que es al tacticismo y el filibusterismo del PP en este asunto a quien cabe atribuir una mayor cuota de responsabilidad (no la única, ya que al Gobierno le iba bien retratar a la oposición como irresponsable) en el bloqueo institucional.
Sea como sea, como decíamos cabe aplaudir el acuerdo y, de inmediato, exigir a ambas partes que esa voluntad política que ha logrado desbloquear en unos días la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos perdure hasta renovar el CGPJ. Desde el Gobierno y el PP se transmitían ayer palabras de optimismo respecto al órgano de gobierno de los jueces. En el tiempo que dura el caducado mandato del CGPJ el PP ha ido cambiando los motivos por los que se negaba a rubricar un acuerdo que los negociadores, de forma discreta, habían alcanzado. Para los conservadores, lo de menos siempre ha sido acordar un elenco de «figuras de reconocido prestigio»; lo prioritario era mantener su cuota y una mayoría conservadora en el CGPJ. Si primero se opuso al nombramiento de unos jueces concretos (José Ricardo de Prada, que trabajó en el 'caso Gürtel', y Victoria Rosell, actual delegada contra la Violencia de Género), últimamente exigía un cambio en el modelo de elección. Veremos si la responsabilidad institucional y el respeto al espíritu y la letra de Constitución pesan ahora más en el ánimo de Casado que el tacticismo político. Veremos, en definitiva, si hay voluntad política.
