El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, anunció ayer en las Cortes que los presupuestos del próximo año contemplan un incremento notable en el Departamento de Sanidad. La noticia es muy positiva, puesto que si algo ha demostrado la dura pandemia ha sido la importancia de tener un sector público robusto y fuerte. Solo así se ha podido hacer frente a la dureza del covid, con un esfuerzo considerable y extraordinario en el gasto, tanto de personal como de material. De este modo, hemos visto cómo gracias al dinero público han crecido las plantillas en los centros sanitarios ante el aumento de la presión hospitalaria, cómo se han comprado numerosos test de autodiagnóstico, equipos de protección individual, fármacos y, no hay que olvidarlo, millones de dosis de vacunas que han permitido llegar a un porcentaje elevadísimo de población inmunizada. Esto ha favorecido la disminución de la incidencia de casos y una menor gravedad de los mismos.

Todo esto ha sido posible gracias al sistema público, que a pesar de las dificultades ha demostrado que cuando es robusto, es imprescindible. También gracias al avance de la ciencia, otro sector que vive y depende, en gran parte, de la apuesta que haga la Administración.

Por eso, es importante y necesario que haya un compromiso político como el anunciado ayer por el consejero del Ejecutivo aragonés, que también admitió el desvío en el déficit del Salud como consecuencia del aumento de la contratación de personal durante el último año y medio. La cifra se conocerá próximamente, pero puede rondar los 200 millones, lo que significa prácticamente un desvío de seis décimas del PIB aragonés. Sin duda, un porcentaje muy elevado pero que, a pesar de ello, se debe asumir porque no se ha producido por gastos superfluos o innecesarios, sino por algo tan fundamental como preservar la vida de los ciudadanos. Es por eso que ante el esfuerzo realizado por la Administración autonómica–en realidad por todas– Europa debe ser condescendiente y los llamados hombres de negro deben ser laxos en sus apreciaciones cuando fiscalicen las cuentas públicas.

Del mismo modo, Bruselas debe seguir facilitando fondos a los Estados y a las comunidades autónomas para seguir prestando estos servicios, ya que hasta ahora se habla mucho de planes de recuperación pero se sigue sin conocer cuál será el impacto sobre la ciudadanía y sobre el sector público, que a pesar de que ha demostrado su robustez, está también profundamente debilitado por el impacto de esta crisis.