Violencias de estado

Hace dos semanas se publicaban, casi al mismo tiempo, dos noticias aparentemente sin relación entre sí. Por un lado, el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, conmemoraba la masacre del 17 de octubre de 1961 en la que al menos 120 argelinos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad francesas durante una manifestación pacífica en París. Por otro, la justicia argentina procesaba a Rodolfo Martín Villa por varios crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad españolas a finales de los setenta. Ambos permiten reflexionar sobre la violencia dentro de los estados democráticos y sobre cómo se proyecta todavía sobre el presente.

La Guerra de Argelia había empezado en 1954 con una serie de atentados y a la altura de 1961 se habían independizado Marruecos y Túnez, algunos militares partidarios de la Argelia francesa habían organizado varios golpes de estado, Charles de Gaulle lideraba otra vez la República y ya se conocía la victoria de la autodeterminación en un referéndum celebrado pocos meses antes.

El FLN (Frente de Liberación Nacional) era la organización política que dirigía el movimiento independentista y convocó una manifestación en París para protestar por un toque de queda exclusivo para la población argelina. La represión, organizada por un prefecto que había colaborado con los nazis y ya había practicado la tortura durante su etapa en Argelia, costó la vida a un número indeterminado de personas y fue ocultada por el estado durante años.

Aún así, parece difícil pensar que Francia no fuera una democracia, ya que no solo se encontraba en plena fase de expansión económica, sino que construía a buen ritmo un estado del bienestar que en España no se alcanzaría hasta los años ochenta.

Relativización

Todavía hoy hay quienes han criticado el gesto del presidente Macron mediante la negación o la relativización de la masacre, o justificándola porque los terroristas argelinos asesinaban policías.

En España, la acusación contra Martín Villa versa sobre las muertes que se produjeron como consecuencia de la actuación de las fuerzas del orden contra varios trabajadores y militantes de organizaciones de izquierda entre 1976 y 1978, cuando era ministro de la Gobernación de Adolfo Suárez.

Y también esta decisión ha sido muy criticada, ya que el acusado es una persona clave en la Transición, ya no se están valorando sucesos acaecidos durante la dictadura franquista y no se debería procesar a alguien que trabajó por la paz y por la reconciliación entre españoles.

Los más radicales señalan a la jueza y a sus aliados de la izquierda, a quienes acusan de querer reescribir la historia, de perseguir a todos aquellos que no piensan como ellos y de ocultar la violencia terrorista que en aquellos años ejercía la ETA, el GRAPO o el FRAP.

Ambos asuntos parecen muy alejados, pero nos pueden hacer reflexionar sobre cómo las democracias, desarrolladas o en construcción, también pueden emplear mecanismos de coerción extremadamente violentos y utilizar todos los recursos a su alcance (políticos, económicos, judiciales) para no explicarlos.

O sobre cómo nos enfrentamos a los hechos del pasado, porque casualmente es la extrema derecha española y francesa quien se ha lanzado a justificar la violencia en lugar de situarse al lado de unas víctimas que, visiblemente, les incomodan.

Los estados democráticos deberían, además de lamentar hechos del pasado, y para no tener que rememorarlos cuarenta o cincuenta años después, garantizar el derecho a la protesta y no tolerar ningún tipo de violencia, venga de donde venga.