Presupuestos encarrilados

La decisión de ERC y del PNV de no presentar enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) encarrila la aprobación final de las cuentas, lo que aseguraría a Pedro Sánchez agotar la legislatura. Los acuerdos alcanzados in extremis con ERC y PNV son de mínimos y lo único que facilitan es el primer trámite presupuestario. Ambas formaciones no dan por aprobados los PGE e insisten en que la verdadera negociación comienza ahora porque hay varias carpetas en áreas sociales y económicas pendientes de futuras conversaciones.

Así como en el caso del PNV lo fundamental ha sido arrancar al Gobierno el compromiso de traspasar la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV) –en realidad, la ratificación de un pacto incumplido alcanzado en mayo de 2020–, en la negociación con ERC el punto decisivo ha sido el establecimiento en la futura ley audiovisual de cuotas para proteger las lenguas cooficiales en las grandes plataformas, como ya está previsto que existan para el castellano.

Así, Esquerra se asegura las cuotas y su participación imprescindible para que la ley salga adelante. Sin embargo, los portavoces del PSOE no pronuncian la palabra «cuotas» y dicen preferir una cantidad de ayudas global. Como ocurre con la reforma laboral, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, es señalada como opositora, en este caso a las cuotas, porque podrían ser un freno para las inversiones de las plataformas audiovisuales. Rufián, de todas formas, ha sentenciado que o habrá cuotas o no habrá ley.

Sea como sea, que las lenguas cooficiales estén protegidas con un porcentaje (se habla de hasta el 7% del total del 15% reservado a todas las lenguas oficiales) es una reivindicación razonable en un Estado plurilingüe como el español y ERC ha actuado con habilidad y oportunidad al plantear la cuestión como condición para aprobar los PGE. Hay que esperar que al final se alcance un acuerdo con ERC porque no hacerlo significaría la derrota de los Presupuestos y podrían saltar por los aires la legislatura, la mesa de diálogo con el Gobierno y, lo que no es menos importante, la posibilidad de ajustar las cuentas del Estado a las necesidades derivadas de la gestión de los fondos europeos, de las políticas de reconstrucción económica y de la sobrevenida crisis energética y de suministros. Eso sí, sin que ello suponga un cheque en blanco que beneficie a unas comunidades sobre otras, ya que se hace imprescindible un equilibrio territorial y que se atiendan todas las demandas justas de otros territorios, entre ellos Aragón.