Dos modelos municipales

El segundo debate sobre el estado de la ciudad que empezó ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza dejó bien claro que el Pleno municipal está dividido en dos claros modelos de política local. Por uno, el que defendieron el alcalde popular, Jorge Azcón, y la vicealcaldesa de Ciudadanos, Sara Fernández, en clara sintonía con el portavoz de Vox, Julio Calvo (aunque exigiéndole un mayor cumplimiento y respeto a las solicitudes de los ultras), y por otro, el modelo al que apelaron la socialista Lola Ranera, el exalcalde de Zaragoza en Común (ZeC), Pedro Santisteve, y el podemita Fernando Rivarés.

El modelo que defendió el alcalde en un exhaustivo discurso de dos horas y media, lo basó en que el equipo de gobierno ha desatascado muchos de los proyectos que llevaban años paralizados, sobre todo, en su opinión, durante los gobiernos de la izquierda (PSOE y ZeC) , Y lo hace con una colaboración con lo privado, de ahí que haya puesto en valor operaciones como la llegada de Becton Dickinson a Empresarium o la puesta en marcha de un nuevo hospital de Quirón, así como colaboraciones puntuales como con el club Olivar, el barrio solar o con distintas empresas en el Bosque de los zaragozanos. Además, por supuesto, de la defensa de las ayudas a la escuela concertada. Para el equipo de gobierno, todas estas operaciones suponen un revulsivo económico importante frente al poco apoyo que ha tenido el Ayuntamiento de Zaragoza, especialmente, del Gobierno central. Porque el alcalde Azcón ha sido muy crítico con el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos, pero no tanto con el cuatripartito aragonés, al que le ha mostrado su deseo de seguir colaborando.

Frente al alcalde, los portavoces de la izquierda fueron muy duros con esa colaboración público-privada, afirmando que se crea una ciudad desigual y criticando los grupos de ZeC y Podemos los «chanchullos» del PP, sacando a colación temas como ayudas a la familia de Azcón o colocaciones de personas relacionadas con los populares y negocios que han salido a la palestra en los últimos meses.

Ante esta evidente división, y con todos los partidos mirando de reojo a 2023, año electoral, y a ese momento de proyección política que le está tocando vivir al alcalde ante su llegada a la presidencia del PP aragonés (al menos como primera etapa) solo hay consenso para estudiar una salida para el campo de fútbol de La Romareda. Es en lo único que los grupos políticos parecen coincidir, aunque otra cuestión es ver cómo y de qué manera se puede conseguir arreglar la infraestructura para el año 2030.