Posiciones alejadas en el PSOE por la financiación

La reunión que mantuvieron ayer en Ferraz los presidentes autonómicos socialistas con la dirección del partido dejó una evidencia: las posturas para encontrar una posición común en la reforma del sistema de financiación. El encuentro en Madrid tenía como objetivo contraprogramar la reunión que el presidente de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, había convocado para este mes y a la que iban a acudir los presidentes de las comunidades despobladas, aunque la de La Rioja declinó participar, entre ellos el socialista Javier Lambán. Esta cumbre no gustó nada en Ferraz y por ello convocó a sus presidentes autonómicos. La reunión fue dirigida por los números dos y tres del partido, Adriana Lastra y Santos Cerdán, más Guillermo Fernández Vara y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Política Territorial, Isabel Rodríguez. Acudieron siete mandatarios socialistas —el asturiano Adrián Barbón, Lambán, el manchego Emiliano García-Page, la riojana Concha Andreu, y los dirigentes de la Comunidad Valenciana y Baleares, Ximo Puig y Francina Armengol, aparte de Vara— y el viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, y la consejera de Hacienda navarra, Elma Saiz.

En lo que todos coincidieron es que el nuevo modelo, que acabaría con el descompensado que se aprobó en 2009, debe tener suficiencia financiera (recursos que posibiliten a las autonomías desarrollar sus competencias y prestar los servicios públicos que asumen); autonomía y corresponsabilidad fiscal, y que deben asegurar la equidad en la prestación de servicios públicos para garantizar la «igualdad de acceso» de los ciudadanos, con independencia del lugar donde residan; solidaridad entre los territorios que componen España; estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que aseguren el «sostenimiento del Estado del bienestar» y, finalmente, «lealtad institucional entre administraciones».

Pero más allá de estas líneas generales coincidentes, las diferencias entre las comunidades socialistas más pobladas y las despobladas son notorias, y ninguno se apeó de su posición porque todos dejaron bien claro que antepondrán los intereses de su comunidad a los de su propio partido, algo que debería primar en política. Es evidente que el PSOE tiene un problema a pocas semanas de que se convoque el consejo de Política Fiscal y Financiera que debe abordar el nuevo modelo. También lo tiene el PP, que gobierna comunidades con diferentes criterios. En definitiva, con los precedentes y a pesar de reuniones como la de ayer, no resulta nada sencillo que se vaya a garantizar un nuevo sistema que atienda todas las peticiones y justas reclamaciones de las comunidades.