Opinión

Capricho

Esta semana el Gobierno se ha reunido consigo mismo y los dos partidos que lo forman han llegado un acuerdo para utilizar una palabra que ya empleaban, y para dar a entender que la palabra puede significar cosas distintas para uno y otro partido, y que designa algo distinto a lo que normalmente quiere decir. No hay que obsesionarse con la semántica, dicen: la culpa es nuestra por tomarlos en serio. Esto, después de que el socio menor dijera que la presencia de la ministra de Economía en una negociación sobre la legislación laboral era una injerencia, se considera una señal de unidad.

El principal partido de la oposición se entrega al autosabotaje: parece empeñado en diluir cualquier impresión de seriedad y en subrayar el carácter ensimismado de la política. No todo es malo: después de meses de parálisis y animosidad, el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para repartirse las instituciones a la manera tradicional. Los datos alertan del frenazo de la recuperación mientras la inflación amenaza con convertirse en estructural. Las pensiones y la demografía exigirían soluciones impopulares, y dudamos entre el realismo mágico o perjudicar a quienes tienen menos capacidad de queja. Una potente industria conecta empresas, fondos europeos, medios y gobiernos, y una pequeña industria o circuitillo de bolos va del infotainment a las administraciones, de los ministerios a las tertulias. Parece que su trabajo sea más enturbiar que aclarar. Pero probablemente solo intentan ganarse la vida: España tampoco da para mucho y hay que pluriemplearse. Los presupuestos saldrán y quizá estén ya desfasados. «En la nueva teoría federal sanchista, el Estado desaparece a marchas forzadas como entidad reconocible –ahí está la segunda fase de la pandemia como experimento natural– y se plantea repartir sus elementos constituyentes entre las unidades de una confederación de facto; no tanto como manifestación de isonomía o copertenencia, sino como reparto de un botín, despojos de un cuerpo abatido», escribe Jorge San Miguel. Urkullu, líder de un paraíso de rentistas, lamenta un inventado 'dumping' fiscal en Madrid.

En Cataluña el periodista Xavier Rius es expulsado por preguntar por un 'sketch' donde se bromeaba con felaciones de la infanta Leonor: lo obsceno es preguntar por lo obsceno. Estadísticas de parte dicen que el catalán retrocede: la política lingüística ha servido para violar los derechos de los castellanoparlantes y para crear una fiel casta dependiente, pero no para la salud del idioma. Habrá que vigilar en qué lengua hablan los niños en los recreos, ha anunciado la Generalitat. Como todos los fanáticos, dirán que el problema es que no fueron lo bastante radicales.

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