Emilia a sus 83 años ha sufrido el desprecio más cruel. El silencio administrativo. Ese que mira para otro lado, no tramita, ignora la petición de ayuda y –si me permiten la expresión– se quitan a la muerta (en este caso) de encima. No debe resultar difícil esconderse en el marasmo de la burocracia asfixiante, de todo ese papeleo y permisos que rodean la ley de la Eutanasia para que resulte garantista. ¿Para quién?
Las leyes nunca deben ser complicadas, enmarañadas, un sí pero no. Eso no es legislar. Eso es intentar contentar a todos y no solucionar nada. Marear la perdiz, que se dice. El tema es demasiado serio para jugar con la vida y la muerte de las personas. Emilia, esa mujer que ya no podía soportar más su deterioro físico quería descansar en paz de una vez. Tenía todo el derecho del mundo y la ley a la que acogerse para que se empezara a tramitar su último deseo. Es tremendo que una mujer de 83 años desesperada, porque la burocracia no contestaba, recogiera sus fuerzas efímeras para subirse a una ventana de su dormitorio y lanzarse para no vivir así. Ella quería dejar el dolor atrás, la humillación atrás, la cama atrás, su degradación atrás. Y encontró el dolor más intenso y su liberación en esa caída al vacío.
Solo su hija, su familia, y la buena médico jubilada de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) la ayudaron con el papeleo de la tramitación. Aunque se toparon con el freno de la Administración y del «miedo profesional» para ignorar esa petición. ¿Por qué tanto miedo? Es que los médicos objetores no entienden que el dolor no espera. ¿Por qué tantas trabas al deseo de una persona que implora una muerte digna? Es muy duro que esta mujer se haya convertido en el altavoz de un problema grave que tenemos en España. Ojalá se hubiera llegado a tiempo para que Emilia hubiera dicho adiós a la vida con dignidad, apoyo y al amparo de la ley que regula la Eutanasia. El periodista José Luis Trasobares, presidente de DMD lo escribe con acierto en su artículo publicado en este diario.
La versión actualizada del Juramento Hipocrático, conocida como Declaración de Ginebra adoptada en 1948 por la Asociación Médica Mundial (AMM), y en el texto aprobado y revisado en 2017 en Chicago, se recoge en su articulo segundo la obligación de: «Respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes». Hay dos cosas que no entiendo: Las palabras de su médica de cabecera para justificarse, «no era candidata a lo que ella solicitaba». ¿Es que hay una lista de enfermedades terminales para aplicar la ley? Luego, ante la insistencia, se declaró objetora. La segunda cosa que no entiendo es que en la Sanidad Pública se pueda declarar uno objetor/a de conciencia según vengan dadas.
Sinceramente pienso que los médicos objetores deberían trabajar en la medicina privada y abandonar la pública. Porque si no hay humanidad para reconocer el sufrimiento intolerable de una persona y se creen dioses para decidir entre vivir mal o morir bien no merecen pasar consulta en el Salud.
