Un pacto desvirtuado

Estaba todo tan pactado y programado que ni siquiera hubo que esperar al debate para votar la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Los diputados lo hicieron telemáticamente desde el miércoles por la noche hasta la una de la tarde del jueves, una votación en teoría secreta pero que dejó de serlo para los socialistas porque el PSOE decidió que las papeletas debían ser conocidas por el grupo parlamentario para evitar deserciones. Aun así, el diputado Odón Elorza anunció que no había votado por el polémico aspirante propuesto por el PP Enrique Arnaldo. En Unidas Podemos (UP) otro diputado al menos rompió también la disciplina de voto. En total, hubo, en el caso de Arnaldo, 11 deserciones de 249 votantes.

Desde que se conoció la propuesta de Arnaldo se han publicado numerosas informaciones, muchas de ellas en El Periódico de España, que lo sitúan como un candidato nada idóneo para formar parte del TC, entre ellas que ha compatibilizado su trabajo como letrado de las Cortes y la abogacía en un despacho privado, y que su empresa –Estudios Jurídicos y Procesales, SL— llevó a cabo 562 servicios profesionales entre 2002 y 2009 para decenas de administraciones públicas, la mayoría en manos del PP, que le adjudicaron trabajos por cerca de un millón de euros. Arnaldo tuvo relaciones y negocios con el expresidente balear Jaume Matas, condenado por corrupción, y con el expresidente madrileño Ignacio González, encarcelado por corrupción, y su nombre aparece en los casos Palma Arena y Lezo. Además, ocultó en su currículo enviado al Congreso que al menos hasta 2020 seguía figurando como administrador solidario de la citada empresa.

No es extraño, pues, concluir que el Gobierno, el PSOE y UP han tenido que tragarse un sapo con este nombramiento. Sin embargo, los dos partidos del Gobierno de coalición han aplicado una especie de teoría del mal menor porque el rechazo de Arnaldo podía haber bloqueado de nuevo la renovación de tres instituciones (TC, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo) a causa del chantaje del PP. El Gobierno y los partidos favorables al pacto consideran que el rechazo hubiera podido provocar asimismo el bloqueo definitivo del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que vuelve a haber negociaciones.

Lo quieran o no, estos partidos son como mínimo cómplices del PP, responsable último de la propuesta de un candidato tan discutible y plantearlo como un trágala entre la elección o el bloqueo. No se trata aquí de valorar la sensibilidad ideológica de uno u otro candidato de la que obviamente se puede discrepar y prestarle el apoyo correspondiente, sino de constatar que los partidos pervierten el espíritu de la norma constitucional que exige mayorías cualificadas en la elección de los miembros de determinados organismos que deben responder a la representación parlamentaria pero no partidista. Esa perversa aplicación de la Constitución convierte las mayorías en simples cuotas en lugar de forzar el consenso en base a candidatos que, desde sensibilidades diversas, tengan la cualificación necesaria pero también una impronta institucional de la que carece Arnaldo como han carecido en otras ocasiones candidatos avalados por otros partidos, también el PSOE. Es cierto que el bloqueo es una especialidad del PP, pero someterse una y otra vez a esta suerte de chantaje no contribuye a recuperar el necesario prestigio de las instituciones sino todo lo contrario. Apelar al pragmatismo no es otra cosa que una muestra de ese cinismo que aleja a los ciudadanos de la política.

Estaba todo tan pactado y programado que ni siquiera hubo que esperar al debate para votar la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Los diputados lo hicieron telemáticamente desde el miércoles por la noche hasta la una de la tarde del jueves, una votación en teoría secreta pero que dejó de serlo para los socialistas porque el PSOE decidió que las papeletas debían ser conocidas por el grupo parlamentario para evitar deserciones. Aun así, el diputado Odón Elorza anunció que no había votado por el polémico aspirante propuesto por el PP Enrique Arnaldo. En Unidas Podemos (UP) otro diputado al menos rompió también la disciplina de voto. En total, hubo, en el caso de Arnaldo, 11 deserciones de 249 votantes.

Desde que se conoció la propuesta de Arnaldo se han publicado numerosas informaciones, muchas de ellas en El Periódico de España, que lo sitúan como un candidato nada idóneo para formar parte del TC, entre ellas que ha compatibilizado su trabajo como letrado de las Cortes y la abogacía en un despacho privado, y que su empresa –Estudios Jurídicos y Procesales, SL— llevó a cabo 562 servicios profesionales entre 2002 y 2009 para decenas de administraciones públicas, la mayoría en manos del PP, que le adjudicaron trabajos por cerca de un millón de euros. Arnaldo tuvo relaciones y negocios con el expresidente balear Jaume Matas, condenado por corrupción, y con el expresidente madrileño Ignacio González, encarcelado por corrupción, y su nombre aparece en los casos Palma Arena y Lezo. Además, ocultó en su currículo enviado al Congreso que al menos hasta 2020 seguía figurando como administrador solidario de la citada empresa.

No es extraño, pues, concluir que el Gobierno, el PSOE y UP han tenido que tragarse un sapo con este nombramiento. Sin embargo, los dos partidos del Gobierno de coalición han aplicado una especie de teoría del mal menor porque el rechazo de Arnaldo podía haber bloqueado de nuevo la renovación de tres instituciones (TC, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo) a causa del chantaje del PP. El Gobierno y los partidos favorables al pacto consideran que el rechazo hubiera podido provocar asimismo el bloqueo definitivo del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que vuelve a haber negociaciones.

Lo quieran o no, estos partidos son como mínimo cómplices del PP, responsable último de la propuesta de un candidato tan discutible y plantearlo como un trágala entre la elección o el bloqueo. No se trata aquí de valorar la sensibilidad ideológica de uno u otro candidato de la que obviamente se puede discrepar y prestarle el apoyo correspondiente, sino de constatar que los partidos pervierten el espíritu de la norma constitucional que exige mayorías cualificadas en la elección de los miembros de determinados organismos que deben responder a la representación parlamentaria pero no partidista. Esa perversa aplicación de la Constitución convierte las mayorías en simples cuotas en lugar de forzar el consenso en base a candidatos que, desde sensibilidades diversas, tengan la cualificación necesaria pero también una impronta institucional de la que carece Arnaldo como han carecido en otras ocasiones candidatos avalados por otros partidos, también el PSOE. Es cierto que el bloqueo es una especialidad del PP, pero someterse una y otra vez a esta suerte de chantaje no contribuye a recuperar el necesario prestigio de las instituciones sino todo lo contrario. Apelar al pragmatismo no es otra cosa que una muestra de ese cinismo que aleja a los ciudadanos de la política.