Hay que tomar medidas

Los peores presagios sobre lo que ocurriría con la llegada del frío y su efecto sobre la pandemia han vuelto a cumplirse. En Europa llevan días con una evolución más que negativa en el número de contagios declarados y su impacto en la sanidad, hasta el punto de que han empezado a adoptar medidas restrictivas en Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia o Austria, donde se ha decretado el confinamiento de todas las personas no vacunadas.

En España, el país con una tasa más alta de vacunados no se piensa ni de lejos en tomar una decisión tan drástica como la austríaca porque la legislación sanitaria no contempla una herramienta de este tipo y además iría contra los derechos fundamentales. Pero, ante la más que evidente sexta ola de coronavirus, las autonomías --entre ellas Aragón, donde sería la séptima-- están buscando cómo frenar el avance del virus con la aplicación del pasaporte covid sin que los tribunales lo tumben.

Los primeros repuntes en la comunidad aragonesa empezaron a percibirse a partir del 15 de octubre. Pero en las dos últimas semanas, la línea es creciente, hasta el punto que ayer se registraron 230 contagios y ya es la segunda autonomía, tras La Rioja, con la mayor ocupación de camas uci.

Desde el Gobierno aragonés no facilitan datos sobre si estos ingresos se producen entre personas vacunadas o no vacunadas, pero el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, insiste en que aunque hay un pequeño porcentaje de vacunados que se han contagiado, porque las vacunas no son infalibles, los efectos no son los mismos que sobre una persona no inmunizada.

En Aragón todavía hay 134.000 personas que no han recibido la primera dosis. No hay un perfil concreto sobre la persona reacia a la vacuna, pero entre ellos están desde los negacionistas convencidos, a los indiferentes y, por supuesto, los que temen a los posibles efectos del suero en su organismo. Como Jesús, que con una operación de cabeza por un tumor y una salud delicada justifica a EL PERIÓDICO su miedo atroz a sufrir la misma reacción o peor que la que ha vivido otras veces con la vacuna antigripal.

La campaña para movilizar a los reacios a la inmunización apenas ha reducido la lista en la comunidad. Ante esta situación y si el avance es generalizado en toda España, el Gobierno central y las comunidades autónomas deberían pactar la fórmula para que los certificados de vacunación sean obligatorios en determinadas actividades, sean laborales o de ocio. Lo contrario es premiar el egoísmo y la insolidaridad no solo con la sociedad en general, también con sus propias familias.