Opinión | Editorial
Usos claros del pasaporte covid...
La vacunación es la respuesta más efectiva contra la pandemia. Una respuesta que se vuelve más débil con la negativa de sectores de la población a inocularse. Si bien el pasaporte covid se ideó en un principio como medida de precaución especialmente pensada para los viajes, en los últimos meses se ha ido convirtiendo en una obligación para acceder a determinados locales, para trabajar o para ir en transporte público. En España, por el momento, el pasaporte se requiere solo en los locales de ocio nocturno y en fiestas privadas con baile, una medida que los propios empresarios del sector reclamaron para asegurar la protección del negocio y su supervivencia. La posibilidad que sea exigido como salvoconducto en otras actividades está sobre la mesa y ya se ha insinuado su utilización en diversas comunidades autónomas. Sin embargo, la negativa del Gobierno a establecer un marco legal común sobre el certificado covid deja en manos de los tribunales la aplicación de las decisiones de los ejecutivos autonómicos, lo que puede dar lugar, como ha ocurrido en otras ocasiones, a contradictorias decisiones judiciales. Desde el primer momento, la polémica ha acompañado a este documento, por las dudas que plantea sobre la salvaguarda de los derechos fundamentales. En España, con una legislación muy garantista, sí que pueden darse otro tipo de restricciones a quien no disponga de este documento que, en cualquier caso, deberían funcionar más como un acicate para la población no vacunada que como una medida represiva. La vacunación no es obligatoria y no puede exigirse estar al día de las pautas para recortar libertades porque atentaría contra principios constitucionales. Aun así, ante el nuevo avance del virus y sabiendo que las vacunas han sido extremadamente positivas y han evitado otro colapso sanitario, determinadas actuaciones pueden ser un aliciente para aumentar el nivel de protección. Esta debería ser la filosofía esencial en el requerimiento del pasaporte covid siempre que se lleve a cabo con todas las garantías jurídicas, que eviten tentaciones de extralimitar su uso más allá de para frenar el virus.
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