Una financiación ajustada a las necesidades reales

Los presidentes de ocho comunidades autónomas que comparten problemas de despoblación se reúnen hoy en Santiago de Compostela, convocados por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. De ese encuentro, en el que participará como miembro muy activo el presidente aragonés, Javier Lambán, debe surgir un documento para que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera empiece a reformar un modelo de reparto autonómico que atienda de forma justa las necesidades de las 15 comunidades autónomas de régimen común (Navarra y País Vasco gozan de un acuerdo financiero propio).

No será fácil aunar intereses contrapuestos entre las comunidades más pobladas (principalmente la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Madrid) y estas ocho (Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Aragón) que reivindican un sistema que tenga en cuenta que la prestación de servicios públicos esenciales es más costosa en zonas con población envejecida y dispersa. Según las estimaciones, una plaza de colegio o de salud puede ser entre tres y cinco veces más cara que en zonas con mucha más población.

De las ocho comunidades que hoy se citan en Santiago de Compostela, cinco están presididas por presidentes socialistas. En Moncloa se interpretó este encuentro como un acto de rebeldía que propició una reunión de urgencia entre la dirección del PSOE y los secretarios generales de las federaciones donde se gobierna, para tratar de encontrar una posición común. Todos coincidieron en anteponer los intereses de sus respectivas comunidades ante los del partido, aunque también se señaló que este encuentro no debe interpretarse como un pulso sino como un foro de trabajo que trate de encontrar un sistema de financiación justo que garantice la igualdad de trato entre todos los ciudadanos españoles. No es fácil conciliar los intereses de todos, pero es imprescindible que se encuentre. El actual modelo, vigente desde 2009, se firmó sin contentar a nadie, y los fondos correctores de ese sistema no han servido para dotar a las comunidades de los recursos suficientes.

Entonces, el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, definió el problema de la financiación autonómica como «un sudoku de difícil solución». Más de una década después, el sudoku es ya un jeroglífico indescifrable y encuentros como el de hoy tienen que verse como algo positivo, ya que el primer objetivo de la política debe ser encontrar soluciones para la ciudadanía. La búsqueda de unos recursos justos que garanticen la igualdad de los ciudadanos, vivan donde vivan, es una obligación inexcusable que debe estar por encima de los intereses partidistas.