La gente se está hartando de esta nueva situación social y sanitaria en la que estamos inmersos en nuestra séptima ola de covid en Aragón. Aún no ha llegado ni la Navidad y en el puente previo, en este de diciembre en el que estamos ya, no se sabe muy bien cómo actuar. El Gobierno nos dice una cosa: hay que presentar el pasaporte covid para ir a muchos lugares donde hay importantes concentraciones de personas. Los jueces dicen otra: aceptamos ese pasaporte pero, de momento, solo hasta el 8 de enero y para algunos acontecimientos. Luego ya veremos porque no se sabe si es muy legal. Muchos hosteleros, aún pareciéndoles bien la medida, dicen que no tienen a los camareros para hacer de vigilantes o de porteros de discoteca y que, además, ellos no son policías. Pero no quieren seguir perdiendo más ingresos. A un grupo de ciudadanos reivindicativos les parece muy mal que pidan ese visado porque para tenerlo hay que vacunarse contra el coronavirus y no quieren hacerlo por diferentes razones. Incluso, hay una barbaridad de sanitarios, de esos que están en primera línea y se han mostrado muy solidarios con la sociedad en general durante la pandemia, que no quieren ni oír hablar de ponerse una vacuna. Nada menos que un 9% de los que trabajan en Aragón, según contó la consejera de Sanidad del Gobierno , Sira Repollés.

La situación se agravará

Con este panorama, encaramos un final de año en el que cada día que pasa hay un mayor número de contagios, aunque muchos de ellos sean asintomáticos; los hospitales están notando ya la presión, especialmente en la provincia de Huesca; los centros de Atención Primaria se están empezando a colapsar; muchas aulas de distintos colegios de la comunidad tienen que cerrarse porque el número de contagios va siendo elevado y las farmacias no paran de dispensar test de antígenos ante la cada vez mayor demanda de los aragoneses. Y todo, cuando muchas cenas de Navidad aún no se han celebrado, la familia aún no se ha juntado ni para decidir el menú de Nochebuena y Papá Noel aún no ha hecho el barrido completo de juguetes por los centros comerciales. Si esto continúa así, las cifras van a subir mucho más. Y la situación se agravará. Ante esta coyuntura, parece mentira que todavía existan tantos ciudadanos que hayan decidido no vacunarse y, también, da la impresión de que el número de personas que no habían tenido ningún pinchazo eran más de los que se decían.

Pero contamos con varios hechos evidentes. La vacuna ha funcionado porque aunque hay personas que se contagian del covid después de haber recibido la pauta completa, estos infectados son muchos menos que antes de poner los pinchazos y la agresividad del virus es menor. Es también evidente que la variante ómicron de la pandemia tarde o temprano llegará a Aragón y es mucho más virulenta, incluso parece resistir bien a nuestras vacunas, lo cual significa que el número de contagios irá en aumento y con más gravedad. Y también es muy evidente que la implantación del pasaporte covid como salvoconducto para poder acudir a cientos de actividades lúdicas o profesionales, donde se reúnen muchas personas, ha impulsado un mayor número de vacunaciones, es decir, que han ido a pincharse muchos de los que no lo habían hecho porque ahora necesitan el visado. Y es un buen síntoma del efecto positivo del pasaporte que el pasado viernes, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, se agotaran en un momento las vacunas que las autoridades destinaban a los sanitarios que aún no estaban vacunados.

Ámbito autonómico

Por eso, no se entiende cómo la pugna entre el poder Judicial y el Ejecutivo, a nivel nacional, pero también en el estricto ámbito autonómico, sigue existiendo. Hay jueces que autorizan y otros que no. Hay fiscales que lo ven bien y otros que no, y el mareo nacional es muy evidente. E incluso, habría que preguntarse por qué en Aragón puede ser legal pedir el pasaporte covid ahora y no el 9 de enero próximo. ¿Qué cambia? La falta de una legislación nacional es culpable de esta situación, pero también el que muchos jueces jueguen a ser autoridades sanitarias e, incluso, políticas. Ante las evidencias, decisiones prácticas. La ciudadanía lo está entendiendo en líneas generales porque en ello le va su salud.

Ahora es cuando se ha abierto el debate de la obligatoriedad de la vacuna. El presidente aragonés, Javier Lambán, ya se ha mostrado partidario, como el cántabro Miguel Ángel Revilla. Igual que en Alemania. Es posible que dentro de unas semanas todos estemos preguntándonos si debería ser obligatorio tener la vacuna puesta para trabajar, o para entrar en un transporte público, de esos en los que no se puede guardar la distancia social, como el tranvía de Zaragoza. Hace falta claridad política y menos devaneos judiciales. Los ciudadanos están muy cansados ya del virus, pero no queda otra que aguantarlo porque tenemos que convivir con él. Pero también están muy hartos de los tiras y aflojas de los que marcan las disposiciones en el país, esas que cambian según el territorio en el que se mueva uno. Convendría pedir sentido común a todos, un poco de uniformidad en las decisiones, y sensibilidad.