El trabajoso acuerdo alcanzado por el Gobierno, los sindicatos y la patronal para corregir algunos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral hecha por el PP en 2012 es un buen ejemplo de hasta qué punto la voluntad política de llegar a compromisos y el sentido de la responsabilidad de los agentes sociales para alcanzarlos puede vencer obstáculos aparentemente insalvables. Nueve meses de negociaciones no exentas de tensiones, en el seno del Gobierno y entre este y sus interlocutores, permitirá mejorar o cancelar aquello más criticado de los cambios introducidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en la legislación laboral, especialmente el recurso abusivo a la temporalidad, y, al mismo tiempo, mantener vigentes requisitos que se han demostrado eficaces para la creación de empleo. Todos han sabido hacer de la necesidad virtud.

Ninguna de las partes implicada en la negociación puede salir satisfecha por completo de lo logrado, pero tampoco ninguna puede sentirse defraudada con lo conseguido. Como en toda negociación, y esta ha sido especialmente compleja, lo que finalmente cuenta es el deseo de llegar a un acuerdo y la disponibilidad a hacer concesiones, a ceder. Ambas cosas han primado sobre otras consideraciones a pesar de las diferentes aproximaciones a la revisión de la reforma laboral, tanto en el seno del Gobierno como en el entorno sindical y en el de los empresarios. El resultado final es que no se revoca la reforma del PP, pero esta sale sustancialmente modificada del acuerdo al que el martes dará el Gobierno forma definitiva.

Mientras arrecia el fragor del enconamiento político, hay que poner de relieve de forma especial la flexibilidad de las partes para encontrar un punto de encuentro equilibrado y aceptable por todos. Quizá no tenga el episodio la categoría de evento histórico que le ha adjudicado Yolanda Díaz, pero sí es algo que se sale de la norma que los implicados no se hayan levantado de la mesa hasta ponerse de acuerdo.

Lo pactado tiene, además, la virtud de atenerse a los requerimientos de la Unión Europea. Frente a quienes acusan a Bruselas de inmiscuirse en los asuntos internos de sus socios, lo establecido ahora en un sentido progresista y de compromiso social se ajusta a sus exigencias, y nada hace pensar que entre en conflicto con los requisitos que en materia laboral deberán adoptar los Veintisiete en los próximos años para superar la crisis provocada por la pandemia. Pueden los predicadores del populismo al uso presentar el pacto a tres bandas como una imposición, pero es francamente improbable que alguien pueda creer que lo logrado es algo más que fruto de la responsabilidad de los negociadores.