Gracias a la explotación ganadera familiar, combinada con la agricultura, se mantienen vivos la gran mayoría de pueblos aragoneses. Los malos de la ecología no son los granjeros sino los gestores públicos, quienes deberían velar por los intereses y el bienestar de sus ciudadanos, sobre todo el de las pequeñas poblaciones y de sus agricultores y granjeros.
No hace falta ser un experto para comprobar in situ la alta contaminación de los ríos de Aragón. Basta con mirar sus cauces medios y bajos, antaño blanquecinos y limpios con sus cantos rodados (las gleras) impolutos, y ahora con maleza o arboleda creciendo en medio, fruto del abono que se ha asentado en sus lodos bajo las piedras. ¿Si los pueblos de Aragón se van despoblando de habitantes, cómo es que sus ríos crecen en suciedad? ¿De dónde sale tanto abono en medio del cauce?
¿Será que nuestros políticos parlamentarios son unos malos gestores del bien público y la salud de nuestros ríos? ¿Por qué no transforman los parques de Zaragoza en macrogranjas? Así buscarían una solución rápida al tratamiento de los purines.
¿Cuánto invierte el Gobierno de Aragón en proyectos tecnológicos para solventar el problema contaminante? ¿Cuántos científicos y universidades tienen subvencionados para buscar una solución? Apostar por la descontaminación con tecnología privada ha sido un fracaso.
¿Existen en Europa tecnologías eficaces y accesibles que se puedan trasladar al territorio aragonés?
¿Será que nuestros políticos parlamentarios son unos malos gestores del bien público y la salud de nuestros ríos?
Desde el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés del Agua no encuentran solución factible para revertir la creciente contaminación de sus ríos. Normativas, impuestos y sanciones no bastan para sanear las cuencas bajas y medias, donde se acumulan gran cantidad de contaminantes (nitratos, fosfatos, etc.). Sus normativas no son eficientes y sus impuestos solo tienen afán recaudatorio. Las subvenciones públicas para depurar un 45% o 50% de las aguas residuales de los pueblos y ciudades, solo favorecen a los empresarios que se benefician de ellas.
La ganadería queda exenta de dicha gestión, al no ser rentable la explotación industrial privada de los purines. Su vertido en los campos de cultivo como abono agrícola pasa a ser, por saturación, un contaminante que va a parar a los acuíferos de los ríos. ¿Qué soluciones puede aportar el Gobierno y sus parlamentarios? Hasta ahora ninguna: el silencio y desdén, sanciones e impuestos.
Con impuestos, tasas y normativas ineficaces, no se soluciona el problema de los purines, residuos industriales y demás contaminantes que van a parar a los ríos.
