Este artículo pretende incitar a las formaciones políticas democráticas y a las instituciones públicas para que, teniendo en cuenta que este año es el cincuenta aniversario de la muerte de Clara Campoamor (1888-1972), divulguen la acción y el pensamiento de una luchadora que dedicó toda su vida a lograr la participación en la vida pública de las mujeres con los mismos derechos que los hombres en una época en que tanto la ultraizquierda como la ultraderecha estaban en contra. Dada la relevancia política que tuvo durante los años de la Segunda República, lo lógico hubiera sido que después del año 1981, en que Paloma Saavedra y Concha Fagoaga publicaron un riguroso estudio biográfico de esta intelectual, aparecieran nuevos estudios críticos sobre su obra (Español Bouché constata que hasta la llegada de la democracia en 1975 solo existía en nuestro país una referencia en la Enciclopedia Espasa, referida a una biografía que publicó sobre Sor Juana Inés de la Cruz). Sin embargo, no ha sido así, aunque al menos han sido reeditadas sus tres obras genuinamente políticas: 'El derecho de la mujer' (tres conferencias pronunciadas en los años 1923-1928); 'El voto femenino y yo: mi pecado mortal (1936); y 'La revolución española vista por una republicana' (1937). El motivo de ese desinterés por parte de las formaciones políticas y del actual movimiento feminista se comprende perfectamente cuando se conoce su biografía.
Antimonárquica furibunda
Se proclamó contraria a la dictadura (en 1929 se negó a formar parte de la junta directiva del Ateneo madrileño, impuesta por el general Primo de Rivera), antimonárquica furibunda (en 1930 rechazó la Gran Cruz de Alfonso XIII), defensora absoluta de la causa republicana (fue una de las abogadas que defendieron a los integrantes del levantamiento republicano ocurrido en Jaca y a los dirigentes socialistas que tomaron por la fuerza el gobierno civil de Guipúzcoa a finales de 1930), y se mostró contraria al golpe de estado antirrepublicano de 1934 y a los pronunciamientos antidemocráticos del frente popular en 1936. A la vista de las amenazas que recibió de los integrantes de ese Gobierno, optó por marcharse al exilio unos meses después del inicio de la guerra civil. Desde Suiza intentó varias veces que el régimen franquista le restableciera sus derechos laborales como funcionaria del Ministerio de Instrucción Pública, cosa que jamás sucedió. Gracias a las traducciones que hacía de obras francesas y a la ayuda de una amiga abogada, malvivió aislada en Lausana, donde murió en 1972.
Fue la primera mujer en tomar la palabra en un pleno del Congreso de los Diputados
En junio de 1931 obtuvo el acta de diputada por el Partido Radical y en septiembre defendió ante el parlamento el voto femenino (era la primera vez que una mujer tomaba la palabra en un pleno del Congreso de los Diputados). Hasta entonces, gracias a una reforma de la Ley Electoral aprobada unos meses antes, las mujeres podían ser elegidas, pero se les prohibía votar. Con el fin de evitar que en la nueva Constitución figurara la aceptación del voto femenino, el partido Acción Republicana propuso que las mujeres solo pudieran votar en las elecciones municipales, pero gracias a la acción de Clara Campoamor no prosperó (las diputadas socialistas Victoria Kent y Margarita Nelken abandonaron el hemiciclo en el momento de la votación). Durante el acalorado debate parlamentario sobre el voto femenino, ambas diputadas se pronunciaron en contra, junto con el sector socialista encabezado por Indalecio Prieto. Cuando por fin fue aprobado con el apoyo de los grupos de la derecha republicana y de buena parte del partido socialista, Prieto abandonó el Congreso declarando a los periodistas que ese resultado era una puñalada trapera a la República, ya que las mujeres votarían a los partidos antirrepublicanos como consecuencia de la presión de los curas.
Divorcio y aborto
Por otra parte, no se detuvo después de lograr que las mujeres españolas pudieran votar. También defendió la necesidad de una ley que regulara el divorcio y el aborto, se pronunció a favor de la supresión del delito de adulterio, y alentó la investigación de la paternidad y el derecho de todos los hijos independientemente de su filiación. Asimismo, cuando se debatió el nuevo Estatuto de Cataluña, se opuso a que el catalán fuera lengua cooficial y defendió un voto particular con el siguiente texto: «Es obligatoria la enseñanza en castellano en todas las escuelas primarias de España. En el caso de que las regiones autónomas organicen enseñanzas en sus lenguas respectivas, el Estado mantendrá, en los centros de instrucción de todos los tramos, la lengua oficial de la República».
