Comprensible, porque hay que asegurar las plenas garantías constitucionales, y no únicamente legislar por impulsos. Sin embargo, a veces la exasperante lentitud con que se pretende regular problemas urgentes que afectan directamente a la vida de las personas causa la desafección entre la sociedad hacia la política. Eso ocurre de una forma especial, cuando esa lentitud es consecuencia más de cálculos partidistas y a la necesidad de marcar terreno ideológico que al debate de la propia ley. Pues bien, algo de esto hay en la ley de vivienda, o mejor dicho, en la ausencia de una ley de vivienda en España.
Dos años después de que echara a andar el Gobierno de coalición que la presentó entre sus medidas estrella, la ley estatal apenas ha empezado su trámite en el Congreso de los Diputados. Primero, tuvieron que ponerse de acuerdo los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos, en consensuar un texto sobre asuntos delicados como la regulación de los precios del alquiler, y después, buscar los apoyos parlamentarios.
Reservas
La primera votación, el pasado 10 de marzo, salvada in extremis con los votos de ERC, ya dejó ver que su aprobación no será ni mucho menos fácil y que la negociación de las enmiendas será decisiva. A todo esto, se suman las reservas que suscitan algunos apartados de la futura ley en ámbitos jurídicos, como los dos informes desfavorables, no vinculantes, que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las mejores intenciones –defender el derecho a la vivienda– no pueden en ningún caso colisionar con un derecho a la propiedad tan defendible como el anterior ni generar una inseguridad jurídica que acabe produciendo el efecto contrario al que en estos casos se pretende.
La dificultad de acceso a una vivienda, sobre todo en el mercado del alquiler de las grandes ciudades españolas, es un problema que se podría resolver con una regulación que orientara las acciones necesarias. En este sentido, cierta intervención pública en los precios o en fiscalidad puede ser beneficiosa incluso para evitar abusos, siempre que se aplique de una forma equilibrada (no todos los propietarios son fondos buitre).
España necesita en estos momentos una ley de vivienda, pero una ley efectiva que permita a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos desarrollar sus políticas públicas acordes con las necesidades de los ciudadanos, no una que acabe bloqueada en los despachos o bien en los tribunales.
