Formular una lista de prioridades en un ecosistema tan frenético como el que nos toca vivir no es tarea fácil. Pero conviene hacerlo. Ahora más todavía. Pararse y respirar, pensar, reflexionar, bajar el balón al suelo (como dicen algunos) y tomar decisiones razonadas es un ejercicio nada habitual pero necesario. Lo que no resulta tan sencillo es acertar en el diagnóstico, aunque sin esa pausa dar en el clavo se convierte en prácticamente una utopía. La clase política de este santo país no tiene la sana costumbre de analizar la realidad. Quizá sí la suya, pero no la realidad con mayúsculas y prefiere lidiar con asuntos banales antes que afrontar decisiones estratégicas y de calado que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y al equilibrio social.
Un ejemplo. La construcción de un nuevo campo de fútbol en Zaragoza se ha convertido, de la noche a la mañana, en un tema clave en la agenda política municipal. Sí, el mismo que se aparcó por el covid es ahora un asunto que no admite demoras en un momento en que el poder adquisitivo de las familias se ha precipitado al vacío.
Otro ejemplo. La disputa política para tratar de celebrar unos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo ha ocupado y preocupado a los Gobiernos aragonés y catalán. Hoy nadie pondría la mano en el fuego por que las olimpiadas de 2030 vayan a celebrarse, lo que afectaría a las gentes que tratan de vivir en esa cordillera, en ocasiones tan olvidada.
Estos dos asuntos, el nuevo estadio de Zaragoza y los Juegos Olímpicos, acapararán el foco en el comienzo de la próxima semana. Las prisas y la escasa capacidad de gestionar estas cuestiones con cierta anticipación han llevado a este escenario. En cambio, se olvida que se cumplen ya dos meses desde el comienzo de la guerra en Ucrania y sus efectos comienzan a dejarse sentir en los colectivos más vulnerables.
La escalada de precios en bienes de primera necesidad ha puesto contra las cuerdas a miles de ciudadanos que logran llegar a fin de mes a duras penas. En Zaragoza, por ejemplo, el ayuntamiento recibió solo en el mes de marzo 12.333 solicitudes de urgente necesidad, según los datos facilitados por el área de Acción Social esta misma semana. Se trata de más de 12.000 peticiones con nombres y apellidos, de personas que piden auxilio y de hogares que reclaman atención. El consistorio de la ciudad, con buen criterio, ha decidido elevar la cuantía de las ayudas de urgente necesidad un 15% ante el imparable coste de la vida.
El aviso a navegantes llega desde todos los rincones y se escucha, no solo a través de las voces (cada vez más silenciadas) de los más vulnerables, sino también de boca de los responsables de instituciones nacionales e internacionales, que han lanzado una voz de alarma que retumba con fuerza. Entidades como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en crisis anteriores apenas levantaron la voz, ahora alertan del riesgo de brecha social. «Los gobiernos deben actuar en su papel especial de proteger a los vulnerables cuando las cosas se desmoronan lo que contribuye en gran medida a mantener la cohesión social», dijo el director de Asuntos Fiscales del FMI, Vitor Gaspar, hace solo unos días. Mientras, el Banco de España, urge a adoptar respuestas «focalizadas en los hogares, sectores y empresas más vulnerables»
Intermón Oxfam advirtió en un estudio presentado la semana pasada que el coste de la energía y el precio de los alimentos básicos hará que este año unos 65 millones de personas en el mundo acaben cayendo en una situación de pobreza extrema. Sus cálculos señalan que a finales de 2022 un total de 860 millones de personas vivirán con menos de 1,9 dólares al día, es decir, el 10% de la población mundial. Esta misma semana, el presidente Lambán, anunció que pedirá a la ministra de Economía, Nadia Calviño, cambiar las prioridades de los fondos europeos para afrontar el horizonte que se avecina. A corto plazo este es complicado y hay cuestiones que no pueden esperar cuando el pan falta en la mesa.
