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El Periódico de Aragón

José Luis Corral

Salón Dorado

José Luis Corral

De espías y democracia

Ser independentista no es ningún delito en España; como tampoco lo es ser republicano, ateo, hindú o heterosexual. Lo que sí constituye un delito gravísimo es atentar contra los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sobre todo si quien lo comete es el Gobierno de la nación. Presuntamente, esto es lo que ha hecho el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), al espiar mediante el programa Pegasus, un sofisticado sistema de espionaje que el Estado de Israel vende solo los gobiernos (o eso dice, que vaya usted a saber) a 18 políticos independentistas. No sé si el Gobierno español ordenó esas escuchas, pero, desde luego, si lo hizo sin control ni mandato judicial, perpetró un flagrante delito.

La ministra de Defensa, visiblemente inquieta y acelerada, cometió un grave desliz en la sesión de control al Gobierno esta misma semana, al preguntarse que qué debía hacer un gobierno cuando se le estaba dando un golpe de Estado, reconociendo de facto que habían existido esas escuchas, ilegales o no ya se verá, y justificándolas de alguna manera.

Toda la Derecha política y la prensa afín a las posturas más conservadoras han salido en tromba a defender el espionaje y a aplaudir a la ministra Robles. Incluso la señora Olona, portavoz adjunta de Vox en el Congreso, ha llegado a preguntarse que «¿dónde está el problema en espiar a independentistas?», y a lamentar que «poco los han espiado». ¿Se imaginan a esta señora, abogada del Estado además, como ministra del Interior, por ejemplo, controlando el sistema Pegasus? Lo de Gran Hermano de Orwell sería una minucia a su lado. España tiene una Ley de Secretos Oficiales que data del 5 de abril de 1968, sí, de hace justo 54 años, cuando aún gobernaba aquel dictador de voz atiplada que robó cuarenta años de libertad a los españoles. Con esa ley, todos los gobiernos de la democracia han hecho de su capa un sayo, y la han utilizado una y otra vez para cometer presuntas irregularidades y delitos, como quedó probado y sentenciado en el caso de los GAL.

Existe una Comisión de Secretos Oficiales que fiscaliza los abusos que desde el poder pudieran cometerse, y en la que ahora, mediante el cambio exprés en el sistema de designación de sus miembros, van a participar diputados independentistas. Pues bien, si la señora ministra de Defensa fuera coherente, debería haber dimitido ayer mismo, porque, según sus palabras en el Congreso, van a estar en esa comisión los mismos a los que ella, presuntamente, ordenó espiar. Todo un despropósito. Otro más.

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