El Gobierno no tuvo más remedio ayer que rendirse a la evidencia y corregir severamente a la baja sus previsiones macroeconómicas. Esperó casi al último momento, cuando se acababa el plazo para entregar la actualización del Plan de Estabilidad a Bruselas, para alinearse con lo que otras instituciones –incluido el propio Banco de España– ya iban advirtiendo hace semanas: que se está produciendo una ralentización del PIB de España. A todas luces, el 7% de crecimiento para 2022 que mantenía el Gobierno hasta hace dos días era inverosímil, por lo que se daba por descontado una rebaja en las proyecciones macroeconómicas. Finalmente el recorte fue de 2,7 puntos, hasta el 4,3% para este año. La economía española seguiría creciendo, pero con menor euforia.
Las nuevas previsiones presentadas por la vicepresidenta Nadia Calviño indican un escenario mucho menos optimista, y más realista, con todo lo que está ocurriendo: desde la guerra de Ucrania hasta una inflación por las nubes. No son buenos datos, pero tampoco son mucho peores que lo que prevén países de nuestro entorno. Alemania también ha rebajado esta semana su previsión de crecimiento 1,6 puntos, hasta el 2,2%. Y el PIB de la eurozona en el primer trimestre registró un escaso crecimiento del 0,2% (en España fue del 0,3%). Es poco consuelo, no obstante, que la economía europea sufra una desaceleración general.
Sorprende que, en el contexto actual, el Ministerio de Economía mantenga la previsión de reducción del déficit para este año (que quedaría en el 5%), así como de reducción de la deuda pública (115,2%). Calviño sostiene que será posible gracias al aumento de la recaudación, cosa que no es descartable pero que habría que considerar con prudencia, ya que el Estado deberá afrontar un aumento de las pensiones (6%) y, ante la prolongación del conflicto de Ucrania, el Gobierno quizá deba extender más allá de junio las medidas del decreto anticrisis aprobadas esta misma semana (para abaratar la electricidad, los carburantes y los alquileres, entre otras). Se añade el hecho de que, entre enero y marzo, el consumo de los hogares descendió el 3,7% y que en abril la inflación, aunque se moderó, marcó un elevadísimo 8,4%. Aunque la ministra recalcó que el aumento de los ingresos del Estado vendrá, no tanto por el aumento de precios, sino por la mejora del empleo y la recuperación económica, la incertidumbre sobre los efectos de la guerra obliga a mirar cualquier anuncio optimista con reservas. Incluso después de que España y Portugal hayan conseguido un acuerdo con Bruselas para limitar el precio del gas para generar electricidad, y que según el Gobierno rebajará el recibo de la luz, lo que está por ver.
Mucho más probable es la subida de tipos de interés a la que se ha venido resistiendo el Banco Central Europeo (BCE), pero que se espera que aplique de forma gradual a partir de julio. El endurecimiento de la política monetaria debería rebajar la inflación, pero será una dificultad añadida para quienes deban pagar créditos.
Sin embargo, no todo son nubarrones. Los fondos europeos Next Generation, eclipsados por la guerra, siguen adelante. El Gobierno solicitará en las próximas semanas 12.000 millones de euros más del segundo tramo, que deberán destinarse a la mejora del modelo económico. La agilidad y la transparencia en las transferencias de este dinero repercutirán en la recuperación: no todo está en manos de Putin.
