El presunto espionaje a más de 60 dirigentes y activistas independentistas a través del programa israelí Pegasus ha vuelto a poner en el punto de mira al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el organismo más opaco de la administración del Estado, y ha suscitado la necesidad de un debate profundo sobre cuáles son sus límites y cuáles sus controles y si estos deben ser reforzados para garantizar que sus agentes no se extralimitan en sus funciones. La respuesta del Gobierno al escándalo Pegasus se ha limitado a decir, por una parte, que no puede informar públicamente porque es secreto y, por otra, que no existió espionaje masivo sino selectivo y vinculado al procés, es decir, al intento de proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. Al menos así se deduce de las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable del CNI en el Ejecutivo. De ser así, los teléfonos y dispositivos móviles de los dirigentes independentistas habrían sido intervenidos de acuerdo con el artículo primero de la Ley Reguladora del CNI de 2002, que justifica su actuación para «prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España».
Cabría preguntarse si en una Constitución no militante como la española, donde son legales y tienen amplia representación parlamentaria partidos contrarios a su artículo segundo, que habla de la «indisoluble unidad de la Nación española», como son los partidos independentistas, cabe la investigación genérica del soberanismo o debe ser individualizada y, evidentemente, autorizada por el juez.
Control judicial
Corresponde a un juez del Tribunal Supremo autorizar las actividades del CNI que afecten a la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones, pero ahí parece terminar el control judicial, dado que sus actuaciones y el resultado de estas tienen carácter secreto. Aunque en fuentes judiciales aseguran que el magistrado responsable de esas autorizaciones suele regirse por criterios muy legalistas, hay expertos que consideran que ese control judicial es endeble porque carece, por ejemplo, de una verificación posterior. Para reforzarlo, se podría plantear la participación de un fiscal.
Algo similar ocurre con la comisión parlamentaria de secretos oficiales, que ha estado tres años sin constituirse por el veto de la derecha a que participaran en ella los portavoces de ERC y Bildu. Revertido ese veto por la actuación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se reunirá la próxima semana. Pero esa comisión está más dirigida al control del uso de los fondos reservados y quienes han participado en ella a lo largo de los años aseguran que pocas veces se informa de asuntos de trascendencia. Su carácter secreto hace que además los parlamentarios puedan pedir documentación pero no puedan sacarla ni fotocopiarla, lo que limita su posibilidad de control. No se espera, por tanto, gran cosa sobre Pegasus.
Más allá de la investigación interna, también de dudosa eficacia, que prometió el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, convendría reflexionar sobre el papel del CNI y sobre cómo reforzar los controles para evitar que se repitan dudas sobre su funcionamiento.
