La herencia divisiva dejada por Donald Trump se manifiesta una vez más con el borrador de opinión mayoritaria redactado por Samuel Alito, uno de los magistrados conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que cancela el reconocimiento del derecho al aborto a escala federal y deja en manos de cada Estado legislar sobre la materia. Llevado a la práctica, significará que todos los estados con mayoría del Partido Republicano tendrán la posibilidad de prohibir el aborto de forma explícita o no encontrarán trabas en los tribunales para seguir haciéndolo de forma encubierta con disposiciones como la aprobada por la legislatura de Texas.
El borrador, conocido gracias a la insólita filtración a un medio de un texto en el que trabaja el Tribunal Supremo, refleja la mayoría conservadora de seis magistrados sobre nueve, asegurada por Trump durante su mandato a través del nombramiento extremadamente polémico de tres jueces ideológicamente cercanos a él. Algo que cambió por completo el equilibrio en el Supremo, politizó su composición como nunca antes se había hecho y puso en duda la independencia de criterio de los nombrados para formar parte de la institución sin influencias externas. La resolución definitiva de los magistrados pasará a ser parte fundamental de la campaña de las elecciones legislativas de noviembre, que probablemente acaba de empezar de manera ruidosa.
Y con ser todo eso trascendente, lo es muchísimo más el daño irreparable que la decisión final de los magistrados puede infligir a los derechos de las mujeres en Estados Unidos
Y con ser todo eso trascendente, lo es muchísimo más el daño irreparable que la decisión final de los magistrados puede infligir a los derechos de las mujeres en Estados Unidos, que el mismo Tribunal Supremo consagró en 1973 y reiteró en 1992. Existe el riesgo cierto de que se limite o altere en grado sumo la libertad de las mujeres, su autonomía como ciudadanas depositarias del derecho a decidir sobre su propio cuerpo, a partir de una doble argumentación inaceptable: que la Constitución de Estados Unidos no incluye el derecho al aborto y que tal derecho «no está profundamente enraizado en la historia y la tradición de la nación». Todo lo cual implica someter a las mujeres a un régimen tutelado en cuanto atañe a la administración de su cuerpo y dificulta la defensa y protección de libertades que no fueran textualmente recogidas por los redactores de la Constitución en el siglo XVIII o incorporados posteriormente en forma de enmienda constitucional.
Las 98 páginas redactadas por el juez Alito están escritas al margen de los mensajes que emite la calle, desde las encuestas que indican que es mayoritario el apoyo al derecho al aborto a la influencia del feminismo como un enorme poder transformador de la sociedad. Es contra esa transformación contra la que arremete el borrador además de consagrar la desigualdad. Pero si las leyes de supresión del derecho al aborto llegan a ser aprobadas será porque al menos en algunos estados puede existir una mayoría, si no social, sí electoral, que las apoye. Y esta es otra herencia, aún más profunda que la aritmética del Supremo, ya no solo de la era Trump sino de años de labor de zapa desde posiciones ultraconservadoras.
Visto desde Europa, en aquello que decidan los magistrados anidará un factor inspirador para la extrema derecha, adversaria tradicional del aborto, de los matrimonios entre personas del mismo sexo y de la regulación de la eutanasia, campos todos ellos que cabe incluir en las llamadas políticas del cuerpo a las que el pensamiento ultra se opone desde siempre con el apoyo de fundamentalismos religiosos parecidos a los que proliferan en Estados Unidos. De ahí el riesgo de contagio.
