La temporalidad lleva tanto tiempo arraigada en el mercado laboral de España que casi parecía algo inevitable, sobre todo en los colectivos más castigados (jóvenes, mujeres, inmigrantes). Es uno de los males estructurales de la economía española, se decía, sin aplicar ninguna fórmula para combatirlo. Hasta que la solución ha venido por donde tenía que venir: el diálogo social. Fruto de la concertación entre sindicatos y patronal, con la mediación del Gobierno, surgió la reforma laboral que está ya dando resultados. Desde principios de año el porcentaje de contratos indefinidos no ha parado de aumentar, pero ha sido en abril (cuando entraron en vigor las nuevas condiciones de contrataciones) cuando se ha visto el efecto con mayor claridad: uno de cada dos nuevos contratos que se firmaron el mes pasado ya fueron indefinidos, cuando la ratio habitual era uno de cada 10. Además, por primera vez se superó la cifra de los 20 millones de ocupados en España, a pesar de las voces agoreras que anunciaban que la reforma laboral perjudicaría el empleo. No ha sido así. Que la mitad de nuevos trabajadores lo sean con un contrato estable y que, a pesar de la incertidumbre por la guerra de Ucrania, se sigan creando puestos de trabajo solo puede calificarse de éxito. No obstante, para rebajar el triunfalismo es bueno recordar que en las cifras de abril se incluyen las de una buena Semana Santa en términos turísticos –la hostelería fue el sector más dinámico– y que, en el cómputo estadístico, se considera indefinidos a los fijos discontinuos, que trabajan solo algunas semanas o meses al año, en picos de actividad.
La reforma laboral está funcionando gracias a que el Ejecutivo de coalición, los sindicatos y la patronal fueron sensibles a la demanda social de modificar los aspectos más dañinos de la reforma anterior del PP. Con importantes concesiones por todas las partes, en aquellas negociaciones primó un sentido de la responsabilidad que se echó en falta después, en la esfera política. La aprobación de la reforma laboral estuvo en vilo por el tacticismo de algunos partidos –el PP de un Pablo Casado tan enrocado en el ‘no’ a Sánchez que incluso se oponía a lo bendecido por la CEOE, una ERC que rechazó una ley que mejoraba las condiciones de los trabajadores– y el voto sorpresa de dos diputados de UPN en contra de lo pactado por su dirección. En un giro inesperado, salió adelante por el error de un diputado popular. Un espectáculo de la política más mediocre.
En cualquier caso, el crecimiento de la ocupación es hoy una realidad y, lo más importante, no parece que sea a costa de una mayor precariedad. Aunque este optimismo puede tambalearse según cómo evolucionen el conflicto en Ucrania y los precios. Precisamente, la inflación es el nuevo foco del problema para trabajadores y empresarios. Los primeros, por la pérdida del poder adquisitivo; los segundos, por los mayores costes de producción y la reducción de márgenes. Pero sindicatos y patronal dieron esta semana por rotas las negociaciones para un pacto salarial, que debería servir de guía para los futuros convenios. Una pésima noticia, porque aboca a una situación de conflictividad laboral en las empresas. Con una inflación del 8,4% en abril (aunque se espera que baje en los próximos meses), es imperativo buscar puntos de encuentro para subidas salariales que permitan a los trabajadores afrontar el encarecimiento del coste de la vida sin que ello ponga en jaque la economía. Si se pudo hacer con la reforma laboral, aquí también debería ser posible.
