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El Periódico de Aragón

Editorial

Una solución a medias

El Gobierno ha aprobado el mecanismo acordado con Bruselas que debería rebajar la factura de la luz a partir de junio: limitar el precio del gas que se usa para producir electricidad. Es fruto de la llamada «excepción ibérica», con la que España y Portugal convencieron a la Comisión de que su escasa dependencia del gas ruso les permitía intervenir sobre el mercado al margen de sus socios europeos. Con este mecanismo, que limita en los primeros seis meses un precio de 40 euros el megavatio hora (MWh), y que subirá progresivamente hasta 70 euros MWh dentro de un año, el Ejecutivo afirma que los consumidores (primero los que tienen la tarifa regulada, y después el resto) notarán en sus recibos los resultados. Una solución que pretende ser rápida, pero que también es temporal y a medias, porque la crisis energética en Europa (no solo España, aunque pretenda ser una «isla») es mucho más compleja.

Fijar el precio del gas es la última respuesta del Ejecutivo español para atajar la subida de la factura eléctrica. Antes, ya había recortado la parte regulada del recibo de la luz, rebajando impuestos, lo que ha tenido un efecto relativo, porque ha quedado absorbido por el imparable encarecimiento del gas, que en el sistema marginalista actual es el que marca el precio por el que se paga toda la electricidad (aunque solo lo usen las centrales de ciclo combinado y las otras fuentes utilizadas sean más baratas). Al limitar el precio del gas se evita el sobrecoste en las otras centrales (hidroeléctricas, nucleares y renovables). Se estima que esto podría rebajar un 30% lo que pagan los consumidores. Suponiendo que no haya un vuelco geopolítico, por ejemplo, que la guerra se recrudezca y que Rusia decida cortar todo el gas que suministra a la UE. Ahora parece muy improbable, pero de momento ya lo ha hecho con el gasoducto que atraviesa Polonia. Y está por ver la reacción del Kremlin al acercamiento de Finlandia a la OTAN.

Es lógico que el consumidor reciba de buen grado cualquier rebaja en la factura. El riesgo es que el resultado práctico no sea el esperado. Lo hemos visto con los precios de los carburantes, que siguen subiendo pese a la subvención de 20 céntimos por litro. La vicepresidenta Nadia Calviño ha encargado a Competencia que estudie si los operadores no están trasladando esa bonificación a los clientes. Hay otros flecos en la medida aprobada ayer. Por ejemplo, qué pasará con el gas que se exporte a otros países, como Francia, ya que también estará subvencionado por España. También la manera en que se compensará a las centrales de gas, ya que serán los propios clientes de la tarifa regulada los que asumirán en sus facturas la diferencia (aunque la ministra Teresa Ribera asegura que en la suma final acabarán pagando menos). Y por último, cómo quedará dicha tarifa regulada PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), porque Bruselas exige una reforma de esta tarifa a partir de 2023. Se espera que sea más estable, pero falta la letra pequeña.

Los analistas prevén que los mayores problemas vendrán tras el verano, cuando crezca la demanda energética, si para entonces Europa no ha encontrado alternativas al gas siberiano. Estados Unidos, Qatar y Argelia pueden ampliar su suministro, pero las infraestructuras no están preparadas y, además, algunos de estos países podrían presionar en beneficio de sus intereses. Que España limite durante un año el precio del gas resuelve un problema puntual, pero no es más que eso, un parche. La respuesta definitiva debe venir por una estrategia conjunta de la Unión Europea.

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