La comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso a raíz del caso Pegasus se saldó con algunas promesas de difícil cumplimiento y con explicaciones reiteradas sobre el espionaje a los independentistas catalanes y vascos que no convencieron a ERC, Junts per Catalunya y EH Bildu, y ni siquiera al PNV. Pedro Sánchez hizo dos anuncios: la reforma de la ley orgánica reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para reforzar «las garantías de control» y asegurar el «máximo respeto a los derechos individuales y políticos», y la aprobación de una nueva ley de información clasificada para sustituir a la vigente ley de secretos oficiales, que data del franquismo (fue aprobada en 1968 y ligeramente retocada en 1978) y que incomprensiblemente sigue en vigor.
Las dos promesas van en la buena dirección con el riesgo de que no lleguen a ningún sitio, ya que el Gobierno no dispone de la mayoría absoluta imprescindible para sacar adelante la reforma del control del CNI al tratarse de una ley orgánica. E incluso si las propuestas fueran más atrevidas de lo que las intenciones expresadas por el presidente del Gobierno indican (ampliar de uno a tres los magistrados del Supremo que supervisan las escuchas se antoja insuficiente), sin un esclarecimiento más amplio de si los hechos se limitaron al desafío de 2017 y no al control indebido de otros aspectos de la vida política ordinaria (dentro de los límites aconsejables para las relaciones exteriores y el funcionamiento propio de los servicios de inteligencia) y sin un reconocimiento y enmienda de los errores de seguridad que afectaron a las comunicaciones del Ejecutivo, la reforma y revisión del marco legislativo es solo una parte de la reacción que se le puede exigir.
Miembros del Gobierno reconocen que no existe la mayoría para aprobar la reforma por el presumible rechazo de los socios habituales del Ejecutivo, irritados por la cuestión del espionaje. Ni siquiera en el propio Gobierno se puede decir que haya un acuerdo sobre la reforma de los servicios secretos, a la vista de las posiciones de Unidas Podemos. Repetir en este tema la mayoría que salvó ayer la ley del audiovisual parece poco viable, ni para la estabilidad de la coalición de Gobierno ni ante una voluntad constructiva que el PP aún debe probar. En estas condiciones, es irresponsable hacer anuncios que se convierten después en meros brindis al sol. Una promesa en el aire brinda un titular, pero sin compromisos efectivos detrás no hace más que crear una ilusión. Y es aún más peligroso esperar que se haga mágicamente realidad, tentación a la que Sánchez parece inclinarse cuando sostiene, por ejemplo, que la polémica de Pegasus agotó su recorrido tras la comparecencia y posterior dimisión de la directora del CNI.
En cuanto a la nueva ley de secretos oficiales, el Gobierno sí podría contar con el apoyo del PNV, que lleva tres años solicitando la modificación y actualización de la normativa para que se recorten los plazos a 25 años para desclasificar papeles secretos y a 10 para documentos reservados. En la difícil balanza entre transparencia informativa y seguridad, la mirada al pasado debería inclinarse más claramente hacia lo primero; el secretismo que ha marcado hasta ahora la regulación española parece más marcado por los pactos de silencio de la Transición que ya no son justificables que por las garantías a la seguridad del Estado.
