Con la inflación, no puede decirse que fuera un problema que no se veía venir. Aunque probablemente quienes debían haber tomado cartas en el asunto no creyeron que la subida de precios acabaría siendo tan grave, se minimizó o no hubo suficiente previsión. Ya sea porque pocos pensaban que la invasión de Ucrania se hiciese realidad y aún menos que acabaría derivando en la guerra de desgaste en que se está convirtiendo, ya sea porque el calendario electoral de las autonómicas en Castilla y León y Andalucía convertían la inflación en un tema incómodo, lo cierto es que ya ha pasado casi medio año desde que el IPC dio las primeras señales de alarma, y no solo no se ha frenado la tendencia, sino que parece desbocada. Como el problema afecta a países de todo el mundo, y no solo a España, sería inexacto considerarlo un error de cálculo únicamente del Gobierno español, pero las singularidades de la economía española (con más paro y más deuda pública que otros países de su entorno) obligaba a una mayor anticipación. El fracaso de los agentes sociales en alcanzar un pacto de rentas (para moderar salarios pero también márgenes empresariales) que habría aliviado la espiral inflacionista se sumó a las malas noticias.
Mayo cerró con una inflación del 8,7% en España, según el indicador avanzado del INE. Más preocupante que ese dato es el de la inflación subyacente (la que no tiene en cuenta los precios más volátiles, entre ellos la energía), que fue del 4,9%. Es decir, que ya no es un problema concentrado en las gasolinas y la luz, y por lo tanto más o menos manejable, sino extendido a todos los servicios y productos de consumo. Eso que confirman las estadísticas lo sufren día a día todos los ciudadanos de este país, pero sobre todo los que tienen las rentas más bajas, porque tienen menos margen para reducir sus gastos. Y serán también los que más sufrirán la anunciada subida de tipos de interés con el encarecimiento de los créditos. El Banco Central Europeo (BCE) no tiene más remedio que subir los tipos para contener la inflación, pero eso también rebajará el consumo y comportará un menor crecimiento económico. Los países más endeudados lo resistirán peor que los más saneados.
La situación, por tanto, todavía puede complicarse más. Así que es el momento de analizar si las medidas aprobadas hasta la fecha están siendo efectivas y suficientes. Una de las más populares es la bonificación de 20 céntimos en el litro de carburante. Los conductores apenas la han notado, porque la ayuda ha sido prácticamente absorbida por el imparable encarecimiento de las gasolinas. Hay división en el Gobierno sobre si habría que reformular esta subvención, para concentrar los esfuerzos fiscales en aquellos que realmente lo necesitan. Una advertencia similar ha dado el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando critica que las ayudas generalizadas suelen beneficiar más a las familias con ingresos altos (que en este caso son las que usan más el vehículo particular) y defiende políticas selectivas. El ejemplo a seguir son decisiones como el bono de transporte público de nueve euros al mes aprobado en Alemania, pensado para la clase trabajadora. Otra de las medidas estrella, la de topar el precio del gas, autorizada por Bruselas (tres semanas después de aprobarse el decreto ley), es igualmente generalista.
Las previsiones apuntan a una desaceleración económica. El Estado destinará más dinero público a pensiones y tendrá más dificultades para endeudarse. Olvidemos los discursos triunfalistas y prioricemos las medidas selectivas para que la política fiscal sea de verdad equitativa.
