El más que discreto efecto sobre la factura de la luz que está teniendo en sus primeros días de aplicación el límite del precio del gas ha caído como un jarro de agua fría sobre las expectativas que generó el Gobierno cuando logró que Bruselas aprobara la llamada «excepción ibérica», que fue presentada como un triunfo. El Ejecutivo achaca a razones meteorológicas puntuales el hecho de que el tope del gas no se note apenas en el recibo eléctrico –estimaba un descenso del 15% en lo que pagan los abonados a la tarifa regulada, cuando en la práctica ronda el 5%– y pide más tiempo para que esta medida estrella se pueda valorar en toda su extensión. Sin embargo, ni el mismo Gobierno parece darse ese tiempo que pide, puesto que no ha dejado esperar ni 10 días para hacer otro anuncio: la rebaja del IVA de la luz, del 10% al 5%. No es la primera vez que se rebaja, puesto que en julio del año pasado ya lo hizo del 21% al 10%. Y también actuó en otros gravámenes del recibo de la luz, como el impuesto especial sobre la electricidad (IEE), que desde septiembre está en el 0,5%, el mínimo permitido por normativa europea. Además, dejó en suspenso el impuesto que grava con un 7% el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE). Acciones que no han evitado que la luz siga en niveles insostenibles para muchos consumidores y que en ningún momento fueron fruto de una estrategia energética global, sino reacciones conforme la situación se iba endureciendo. En resumen, una política de parches e improvisaciones, a falta de una política energética estable. También la subvención de 20 céntimos por litro de carburante tuvo mucho de improvisación y poco de efectividad, algo que podría reformular el próximo sábado el Gobierno, para centrarlo en quienes más lo necesiten. Otra medida que sería mucho más acertada y en sintonía con la transición energética, si finalmente se aprueba dentro del paquete anticrisis, será un posible abono de transporte público.
En cuanto a la rebaja del IVA de la factura de la luz al 5%, no se prevé que sea muy balsámica (para un gasto medio de unos 60 euros mensuales será de apenas unos 2,70 euros) y tendrá una duración limitada de solo tres meses, pese a que todo apunta a que la inflación seguirá bastante más tiempo y a que el gran temor es lo que ocurrirá pasado el verano. Las rebajas en el IVA, además, al ser generalistas no se focalizan en las rentas más bajas, que es lo que habría que priorizar en estos momentos, como recordó el FMI. Entonces, cabe preguntarse por qué hace ahora el Gobierno un anuncio de estas características y lo engloba dentro de un paquete que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario. La supuesta urgencia no parece tal (el escenario no ha cambiado) y cuando hace dos semanas el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó rebajar el IVA de la luz al 5%, la ministra Teresa Ribera lo calificó entonces de «medida cosmética» e «insuficiente». Si entonces no se veían razones económicas para aprobarlo, quizá haya que buscar las razones políticas del repentino cambio de criterio de Gobierno, y más concretamente en un intento de mejorar la castigada imagen del PSOE y de Podemos tras la mayoría absoluta del PP en las elecciones de Andalucía.
El horizonte económico no es fácil, y exigirá más medidas de fondo que reacciones coyunturales al escenario político. Requerirá la búsqueda de acuerdos amplios, no solo con los socios habituales de legislatura. Tanto los partidos en el Gobierno como el principal grupo de la oposición son responsables de trabajar por ese consenso.
