Una de las oportunidades de desarrollo más importantes que en la actualidad presenta lo que llaman la España Vaciada es la producción de energía renovable. Los vastos espacios despoblados que ocupan la inmensa mayoría de la superficie del territorio son un lienzo en blanco sobre el que sus habitantes deben poder diseñar su futuro. Históricamente, en zonas de montaña, parte de ese espacio ya ha sido ocupado por sistemas hidroeléctricos, con sus presas, canalizaciones, centrales y demás instalaciones. A partir de finales del siglo XIX se comienzan a implementar las primeras centrales y ya en las primeras décadas del siglo XX este proceso se acentúa, buscando principalmente electrificar las ciudades y los centros industriales anejos a estas.
Esas concesiones las realizaba el Estado, tras arrogarse la propiedad de los cauces de ríos y barrancos e instituir el concepto de «dominio público hidráulico». En principio fueron a perpetuidad. Sin embargo, tras un Real Decreto de 1921 el plazo máximo pasó a ser 75 años. A partir de entonces, y especialmente en los últimos 15 años, las empresas concesionarias han tenido que restituir al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, las instalaciones derivadas de la explotación de cada salto hidráulico. Esto se ha ido haciendo de una forma muy opaca, con inexplicables prórrogas, letargos administrativos que prolongaban durante años la duración de las concesiones y con muy poco rigor a la hora de ejecutar la cláusula que exige esa restitución en perfecto estado de funcionamiento.
En el caso particular del Alto Cinca, la reversión a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de la central de Lafortunada-Cinqueta se ha realizado de forma efectiva más de 11 años después de que la concesión acabara. Por lo que respecta a las centrales de Barrosa y Urdiceto, también en el curso alto del Cinca, las demoras han sido de más de un año en ambos casos. Además, la CHE, al recuperar la propiedad detuvo la actividad de las centrales durante 20 meses en Barrosa y 16 meses en Lafortunada-Cinqueta, mientras que Urdiceto sigue parada, pues sigue evaluándose su viabilidad. Echando la vista más allá del Pirineo podemos ver que nuestros valles padecen una insoportable desigualdad. En el caso de Noruega, por ejemplo, más del 90% de las instalaciones de producción hidroeléctrica están en manos de los municipios, las provincias (county) y las autoridades centrales. A partir de 2008 una reforma legislativa solo permite nuevas licencias a entes municipales, provinciales o estatales. Hay que tener en cuenta que «lo público» allí tiene un carácter mucho más cercano al territorio que en España, gracias a esa capacidad de los municipios de influir en la legislación que les afecta. Si trasladamos sus figuras impositivas y de compensación, así como la legislación a la realidad del Alto Cinca, resulta que «nuestras centrales» generarían unos ingresos de hasta 9 millones de euros, cantidad muy por encima de los 300.000 euros que en la actualidad recibimos.
En Suiza, en torno al 60% de la electricidad consumida es hidroeléctrica. Allí, los derechos de concesión son otorgados por los cantones y/o las comunas implicadas. El sistema impositivo que grava las concesiones se basa en una tasa que llaman la Revedance hydraulique, establecida en 1916 y que deja unos ingresos en los cantones de casi 550 millones de euros anuales. La tasa ha sido actualizada varias veces, de tal forma que se ha multiplicado por 3 desde su puesta en vigor. Si fuera aplicada a las centrales del Alto Cinca, supondría unos ingresos anuales de casi 12 millones de euros, casi 40 veces más de lo que actualmente se recibe. En el valle italiano de Aosta prácticamente todas las centrales pertenecen a una compañía local, CVA, participada al 100% por Finaosta, un fondo de inversión de titularidad pública que pertenece a la Región Autónoma del Valle de Aosta. El 1 de junio de 2001, la CVA comenzó oficialmente a ser el productor más importante de energía hidroeléctrica del Valle. En la actualidad gestiona directamente 6 grandes presas, 61 salidas, más de 210 km de canales, unos 50 km de tuberías forzadas y 32 centrales eléctricas con 74 grupos hidroeléctricos. En el año 2020 la producción total del CVA alcanzó los 3.347.000 MWh.
En los valles del Pirineo francés, aunque la explotación de la energía hidroeléctrica es realizada por EDF (Electricité De France), una empresa pública estatal, los beneficios llegan a las entidades locales a través de un sistema impositivo bastante complejo y con varias clases de tributos. Aplicando estas tasas a las centrales del Alto Cinca se obtendrían 1,91 millones de euros de renta anual, a los que habría que sumar las rentas por concesión que se estiman en 250.000 euros más. Estos ingresos han permitido a las communes del Pirineo francés un nivel de autonomía presupuestaria envidiable, que les ha permitido desarrollar proyectos y asentar población. Dependen del Estado central sí, pero este les trata mucho mejor que el gobierno español a nosotros.
En definitiva, son muchos los sistemas de gestión en los que podemos encontrar inspiración y nuevas ideas, aunque hemos de ser conscientes de las limitaciones administrativas y competenciales de nuestro país. Las aspiraciones soberanas parecen muy lejanas, pero nunca está de más mantenerlas vivas y, por tanto, no renunciar a ellas en el largo plazo. Fuimos desposeídos de los derechos sobre nuestros ríos y montañas mientras avanzaba la modernidad y hay que tener eso siempre en mente. Desgraciadamente hoy en día solo podemos aspirar a una compensación económica más justa, una actuación sobre el conjunto de instalaciones que están cuasi abandonadas y requieren una puesta a punto y sobre todo a que nos otorguen la concesión para gestionar las centrales ya revertidas. Este último punto representaría retomar la soberanía, aunque fuera de forma limitada en el tiempo, por lo que debemos pelear por abrir esa ventana de ilusión y esperanza.
*Vicepresidente de la Asociación Cinca-Cinqueta (Pirineo de Huesca).
