Después del éxito de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a la realidad menos complaciente, desde la inflación desbocada hasta las consecuencias de la tragedia ocurrida en la valla de Melilla, suceso en el que murieron entre 23 inmigrantes (cifra oficial) y 37 (dato que difunden las oenegés de la zona). Todo en este grave incidente ha sido desafortunado, desde el asalto «violento y organizado» a la valla a la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquís pasando por las declaraciones posteriores que han tratado de justificar lo sucedido.
Particularmente desgraciadas fueron las primeras palabras de Sánchez, en las que habló de «problema bien resuelto» y elogió la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquís. Ante la justificada indignación por un comentario tan desenfocado, el presidente del Gobierno se ha esforzado en matizar y explicar que cuando lo hizo no conocía la crueldad de las imágenes, en las que se veía a decenas de inmigrantes amontonados, hacinados en el suelo, muchos ya fallecidos o heridos, todo ello ante la pasividad de los agentes que no solo no prestaron ayuda a las víctimas, sino que en algunas ocasiones golpearon con porras a los que ya estaban en el suelo.
Las matizaciones de Sánchez, que son lo mínimo que se le podía exigir, no reparan en todo caso la imprudencia de sus palabras, pronunciadas, según su versión, cuando no había visto las imágenes. Tampoco se ha retractado en ningún caso de los elogios a las fuerzas de seguridad marroquís. La razón es evidente: no hacer ningún gesto que pueda incomodar a la monarquía de Marruecos después del pacto mediante el que se normalizaron las relaciones diplomáticas tras el giro de la política española sobre el Sahara. Pero la realpolitik debería ser compatible con la crítica a la excesiva contundencia policial, más que evidente en este caso, y con el respeto a los derechos humanos.
Una cadena de errores, desde la falta de previsión y de agentes en un primer momento hasta la violación de muchas de las reglas habituales en una carga de policía antidisturbios, causó el mayor drama con la inmigración en nuestras fronteras, del que no solo son responsables las mafias, como han repetido Sánchez y otros miembros del Gobierno. Aunque el asalto fuera violento –algunos inmigrantes iban armados con palos, piedras o cizallas y hubo dos centenares de heridos, muchos de ellos agentes–, no se justifica el diferente trato a estos inmigrantes y a los refugiados ucranianos o a los del buque Aquarius, acogidos con generosidad por Sánchez al principio de su mandato.
El PP y Unidas Podemos han solicitado una investigación, independiente en el caso de los socios del Gobierno. No parece que vaya a haberla porque ya se han puesto en marcha otras tres: de Marruecos, de la Fiscalía General del Estado y del Defensor del Pueblo. En cualquier caso, el presidente ha de explicarse.
