El anuncio del Gobierno de hacer fijos a 67.300 profesionales de la sanidad, que acumulan contratos temporales desde hace años, es una de las medidas más necesarias para acabar con la precariedad en un sector, el sanitario, cuyo esfuerzo fue esencial para afrontar la pandemia del covid-19 y que es imprescindible para la mejora de nuestro sistema de bienestar. Esta medida, que viene impuesta por Bruselas dentro del plan de estabilización laboral en el sector público, no es suficiente, sin embargo, para paliar los déficits de la sanidad pública española, que sigue requiriendo de muchos más profesionales de los que actualmente tiene contratados para atender las necesidades de la población. Pero, bienvenida sea para dar estabilidad laboral a esas decenas de miles de médicos, enfermeros y demás profesionales de la sanidad, que precisan, más incluso que otras profesiones, seguridad en el ejercicio de su trabajo y el debido reconocimiento, también salarial, a su labor.
En una entrevista periodística en la que anunció el decreto aprobado ayer, el presidente del Gobierno aseguró que se habían pactado con las comunidades los criterios comunes de esta decisión. No obstante, la medida, que debe aplicar cada autonomía en el ámbito de sus competencias, ha causado recelo entre los gobiernos de las comunidades, porque esa coordinación que avanzó Pedro Sánchez no parece tal, hasta el punto de que comunidades como la de Madrid aseguran que el Gobierno no lo ha hablado con ellas. En otras reprochan a Sánchez que quiera apuntar en el haber del Ejecutivo central el tanto de una iniciativa que algunas autonomías estaban pactando ya con las centrales sindicales en su ámbito territorial.
Estaríamos ante un caso más de desconsideración, producto probablemente de las prisas del Gobierno por anunciar la iniciativa tras el fiasco electoral de la izquierda en las elecciones andaluzas. Esa necesidad de recuperar posiciones no solo no justifica que se apropie de competencias transferidas, sino que además le añade frivolidad a la forma de afrontar un asunto tan grave como es la altísima precariedad de los trabajadores sanitarios en el sistema público, que supera el 40% de temporalidad. Y no es este un problema que se deba abordar desde la frivolidad, ni que se pueda improvisar, ni mucho menos que se pueda decidir de espaldas a las comunidades. Se debe, eso sí, coordinar con ellas para evitar, por ejemplo, que la temporalidad se prolongue en unos territorios mientras se corrige en otros. De la propia experiencia de la pandemia el Gobierno debería haber extraído la lección de que no se puede gobernar sin las comunidades ni contra la comunidades. Muy al contrario, la estructura del Estado exige la cogobernanza, tan cacareada cuando tras el confinamiento se dejó en manos de las comunidades decidir toques de queda, confinamientos perimetrales u horarios de la hostelería, pero olvidada en tantas otras ocasiones.
En este momento en que Sánchez intenta marcar la agenda política frente al efecto Feijóo, que hace ganador al PP en todos los sondeos, el presidente debe ser especialmente cuidadoso en mantener una buena colaboración con las comunidades, estén estas gobernadas por el PSOE, el PP o por partidos nacionalistas. Menospreciar a las autonomías no le permitirá crecer en esos territorios, simplemente ganarse la animadversión de los ejecutivos autonómicos que sienten invadidas sus competencias y se ven, cuando menos, cuestionados en su gestión.
