El cumplimiento del plan de choque anunciado ayer por la Comisión Europea, para hacer frente a la escasez de gas derivada de la guerra de Ucrania, constituye un reto mayúsculo para los países integrantes de la UE, entre ellos, España. La recomendación de reducir en un 15% el consumo de gas en todos los ámbitos, que podría devenir obligación, en el caso de que Rusia cortase el suministro que todavía llega a los países de la UE, es una medida sin precedentes, que hay que aplaudir por necesaria y preventiva, aun sabiendo que tendrá un impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos de nuestro país, y que puede suponer un quebranto mayúsculo para muchas empresas. Se trata de ahorrar gas ahora (a partir del 1 de agosto) para afrontar un invierno que no conlleve restricciones aún mayores, resumiendo las palabras de la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen. También parecen razonables las orientaciones que acompañan el anuncio: sustituir el consumo de gas por otras fuentes energéticas, hasta donde sea posible, incentivar la adopción de esta medida en la industria, y concienciar a los ciudadanos para que contribuyan a su cumplimiento poniendo un tope de 25 grados para sus aires condicionados, en verano, y uno de 19 para las calefacciones, en invierno.
La medida se inscribe dentro de un conjunto de disposiciones comunitarias que nos parecen racionales, aunque en algún caso, como es la vuelta al carbón, debería concretarse mejor el calendario de su utilización temporal para no poner en riesgo la transición energética. Los incendios de este verano son un recuerdo dramático de la necesidad de no abandonar la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, ante la evidente disposición del líder ruso, Vladímir Putin, a utilizar el gas como un arma de guerra no cabe otra alternativa, a corto plazo, que buscar otros proveedores de gas y petróleo y adoptar medias de ahorro energético. El reconocimiento explícito del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, de que los objetivos rusos en Ucrania van más allá del Donbás obliga a situarse frente a escenarios pesimistas. Por lo tanto, teniendo en cuenta las urgencias que se pueden presentar en los próximos meses, no queda otro remedio que ahorrar energía durante unos meses si queremos evitar el colapso en cadena que supondría el cierre definitivo del gasoducto Nord Stream 1.
El éxito de la recomendación de la Comisión –que los ministros de energía tendrán que ratificar la próxima semana– dependerá de factores que pondrán a prueba la UE, sus ciudadanos, sus empresas y sus valores. El más relevante es sin duda el de la solidaridad, que obliga a países como España, menos dependientes del gas ruso, a arrimar el hombro, sin que ello suponga, necesariamente, penalizar a los consumidores y las empresas españolas que han estado pagando durante años por su seguridad energética, a diferencia de quienes consumían gas procedente de Rusia. La UE pasó con nota la prueba de estrés de la unidad que supuso la pandemia del covid-19 y los primeros meses de la guerra de Ucrania. Debe hacer lo propio con el suministro del gas y con la política energética en general, al menos mientras dure el chantaje de Putin. A la solidaridad hay que añadir la responsabilidad. De los ciudadanos y también de las empresas y las administraciones públicas para que adaptemos nuestros comportamientos a una situación excepcional. Puede que no corresponda hablar todavía de una economía de guerra, pero sí de una guerra en suelo europeo, en la que no solo está en juego la soberanía de un país candidato, sino los valores básicos de la UE. En este sentido, las medidas anunciadas constituirán un auténtico momento de la verdad para la Unión Europea.
