Que cada uno sobrevive a las crisis como puede no es ninguna novedad. Busca la fórmula que considera oportuna para salvar los obstáculos que se le presentan. El pero llega cuando ese camino de subsistencia pasa por encima del de los demás o supone algún perjuicio a terceros. Entonces ya no se trata de resistencia sino de pillaje.
Resulta que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado las sospechas de muchos ciudadanos tras la pandemia: algunas empresas han recortado la cantidad de sus productos para mantener el precio. De esa forma no los suben, pero tampoco avisan en sus envases de que han disminuido el peso. No sé si puede calificarse de engaño, quizá se trataría de un concepto más relacionado con la publicidad engañosa. En cualquier caso es una política de comunicación poco transparente, ya que ha sido el cliente quien se ha percatado de la modificación de las condiciones del producto.
Este tipo de práctica tiene nombre: reduflación. Consiste en ofrecer menos cantidad de la habitual por el mismo precio. Según la OCU, el 7% de su cesta de la compra se ha visto afectada. Es legal pero poco ética. No nos engañemos. El objetivo de las marcas es esquivar la mala prensa, el enfado del consumidor y posicionarse mejor frente a la competencia que sí ha optado por un incremento del precio para mantener la misma cantidad del producto.
Si antes y durante una crisis los gobiernos repiten machaconamente que debemos apretarnos el cinturón porque todos vamos a sufrir las consecuencias, ¿qué pasa cuando ciertas empresas redoblan esfuerzos para seguir obteniendo los mismos beneficios que hasta entonces y repercuten el aumento de los costes exclusivamente en el consumidor? Si, como esta, las estrategias empresariales se centran en sus márgenes y no en sus clientes, sería conveniente la intervención del Ministerio de Consumo.
A otra escala está ocurriendo con las grandes compañías eléctricas y la banca. Sus beneficios siguen disparados mientras se desploma el poder adquisitivo de los españoles. Y para más sorna, algún cargo bien remunerado de esas empresas confiesa sin ruborizarse que intentarán esquivar el nuevo impuesto que planea implantar el Gobierno de Sánchez. No vaya a ser que dejen de repartir dividendos y alguno de sus accionistas y consejeros delegados dejen de cobrar cuatro ceros a final de mes.
De la crisis de 2008 íbamos a aprender. También de la pandemia íbamos a salir más «humanos». No es por ser agorera ni pesimista, pero a lo mejor tendríamos que empezar a dejar atrás esa visión ñoña que en momentos críticos nos suaviza la realidad que vivimos y adoptar otra más dura. La que es, ni más ni menos.
