Bien arropado por las cifras de empleo (383.300 ocupados más) y de crecimiento económico del 1,1% en el segundo trimestre, Pedro Sánchez compareció para hacer balance de la acción de gobierno antes del parón veraniego. Ni siquiera el terrible dato de la inflación recién conocido –el 10,8% en julio, la más alta desde 1984– dio pie a la menor autocrítica en el discurso del presidente. Es cierto que, tanto la encuesta de población activa (EPA) como el avance del PIB son alentadores, y que, contrariamente a lo que advertían los agoreros, ni la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ni la reforma laboral han empeorado el empleo, sino todo lo contrario: se ha logrado reducir uno de los grandes males del mercado laboral español, el de la temporalidad. Sin embargo, con unos precios desbocados, no hay motivo para el triunfalismo del que hizo gala Sánchez ayer.
Para defender las políticas emprendidas por su Gobierno, el presidente se refirió a la crisis de la pandemia, donde gracias al escudo social se evitaron los desequilibrios que surgieron tras la gran crisis anterior, de 2008. Hay otra manera (socialdemócrata), insistió Sánchez, de levantar la economía. Como era de prever, el presidente puso el acento en los éxitos, si bien atribuir el problema actual de la inflación solo a factores externos (la guerra de Ucrania) es obviar que, antes de que estallara el conflicto bélico, España ya registraba una subida del IPC superior a los países de su entorno europeo.
Sánchez reafirmó su giro a la izquierda, sacando pecho ante las quejas de la banca y a las energéticas por el nuevo impuesto («vamos en la buena dirección»), y con alusiones a la «clase media trabajadora» y a la «minoría privilegiada» del país. También reafirmó uno de los principales compromisos de la legislatura, la transición energética. El tema de la energía, que ya era un asunto urgente por la emergencia climática, con las consecuencias de la guerra de Ucrania se ha convertido en ineludible para los gobiernos, sobre todo de la Unión Europea. De modo que los anuncios realizados ayer por Sánchez en materia de energía van en la dirección adecuada, en el sentido de que la inacción no es admisible. En septiembre, España propondrá a la UE reformar el funcionamiento del mercado eléctrico para desacoplar el precio del gas del mercado mayorista y establecer un tope máximo al precio de las emisiones de CO2. Propuestas con un recorrido incierto, porque necesitarán del consenso de los estados miembros. Más inmediato será el plan de ahorro energético que aprobará el próximo lunes en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. El presidente no concretó las medidas que se conocerán dentro de tres días –en un estudiado control de los tiempos en política comunicativa– pero sí dio algunas pistas (aparecer sin corbata, aludir a las bajas temperaturas de los centros comerciales). A la espera de conocer el detalle, no hay que olvidar que España está obligada a reducir solidariamente su consumo de gas en un 7% en virtud del acuerdo de la UE ante la amenaza de Rusia.
La confianza exhibida por Sánchez contrasta con las previsiones de que, tras un agosto aupado por el turismo, vendrá un otoño difícil. Quizá más pensando en las próximas elecciones generales que en el tono institucional que requería la ocasión, las constantes puyas del presidente del Gobierno a la oposición del PP no encajaban con la necesidad de calma política para hacer frente a las incertidumbres que aguardan a la vuelta del verano.
